Los Mossos d'Esquadra comenzaron este lunes a detener a los presuntos autores de los altercados que tuvieron lugar frente al Parlament de Catalunya el pasado 15 de junio, unos incidentes en los que varios diputados fueron agredidos mientras que otros, incluidos el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuvieron que acceder a la Cámara en helicóptero. De los 22 imputados, se ha detenido a cuatro personas, a las que han entregado un acta de citación para que acudan a declarar ante la Audiencia Nacional.

Fuentes de la policía autonómica señalaron que no se descarta que se produzcan más detenciones en las próximas horas, ya que los Mossos tienen localizados a través de sus domicilios a por lo menos otros tres imputados. La dificultad de localizar al resto de las personas identificadas radica en que muchas de ellas viven en casas ocupadas y pueden mover su residencia con facilidad. 

La Audiencia estudia delitos contra 'altos organismos de la nación'  

Según ha informado la policía autonómica, las detenciones se producen por orden de la Audiencia Nacional, que investiga los sucesos en el Parlament del pasado 15 de junio cuando los indignados trataron de impedir el acceso de los diputados al Parlament. La Audiencia ha iniciado sus investigaciones por si pudieran constituir un delito contra 'altos organismos de la nación', penado con entre tres y cinco años de cárcel.

Tras la identificación, los detenidos tomarán declaración, y recibirán una citación para comparecer ante la Audiencia Nacional y posteriormente quedan en libertad, según precisa la policía en un comuniado.

El 15-M ha convocado una concentración de protesta en la Plaza de Catalunya de Barcelona y ha criticado en un comunicado las detenciones, que ha calificado de 'injustificadas', 'ataque' contra todo el movimiento y de 'operación represiva'. 'En vez de atender al extendido malestar ciudadano ante la crisis y los recortes antisociales, los poderes fácticos responden con la represión y la criminalización de la disidencia', recoge la nota difundida.

El 15-M califica las detenciones de 'operación represiva'

Los indignados denuncian que las personas que afrontarán este procedimiento serán acusadas de un delito 'contra las instituciones del Estado', delito que 'nunca ha sido aplicado a las múltiples protestas hechas ante diversos parlamentos autónomos, el Congreso de los Diputados o el Senado'.

Tras culpar al conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, de 'instrumentalizar' y 'exagerar' la protesta ante el Parlament, recuerdan que tampoco se aplicó este delito a la 'multitud' de militantes de CDC que se congregaron en 1983 en las puertas del Parlament y protagonizaron 'una protesta mucho más contundente que la del 15 de junio' contra los diputados del PSC.

'Entendemos estas actuaciones no como una acción contra personas específicas -que en todo caso serían chivos expiatorios- sino como un ataque al conjunto del movimiento 15-M, que, con un apoyo social muy elevado, encabeza la crítica al actual sistema de representación política y a las medidas económicas de austeridad neoliberales promotoras de segregación y exclusión social', añade el comunicado.

El objetivo de CiU era 'desviar la atención pública de lo que estaba pasando dentro del hemiciclo'

Según los indignados, el objetivo de CiU era 'desviar la atención pública de lo que estaba pasando dentro del hemiciclo, donde empezaba el debate sobre unos presupuestos antisociales absolutamente ilegítimos porque no constaban en ningún programa electoral y no pasaron por ningún referéndum vinculante'. 'Por contra -añade la nota del 15-M- y paradójicamente, ahora son los mismos políticos de CiU los que piden estas 'garantías democráticas' y un proceso de consulta a la ciudadanía por la reforma de la Constitución'.

'Reafirmamos, una vez más, nuestro rechazo a las actuaciones judiciales y policiales en curso contra el movimiento, reiteramos nuestro apoyo a las personas encausadas y anunciamos que, lejos de asustarnos por la persecución, el movimiento 15-M continuará saliendo a la calle y trabajando para dejar bien claro que no somos mercancías en manos de políticos y banqueros', concluye el comunicado.