Los dirigentes políticos que han viajado este fin de semana a la convención nacional de los conservadores lo han hecho con una idea muy bien aprendida: los recortes sociales que han puesto en marcha en las comunidades autónomas en las que gobiernan no son tal cosa. Son meros ajustes para garantizar precisamente los servicios básicos. Es en este contexto en el que se entiende que el principal partido de la oposición, el favorito en las encuestas para gobernar, se erigiera ayer en defensor del Estado del bienestar. Con ello, hicieron oídos sordos a las manifestaciones convocadas en las últimas semanas en las comunidades en las que gobiernan a cuenta, sobre todo, de los recortes en educación.

Una de estas autonomías es Castilla-La Mancha, gobernada por María Dolores de Cospedal, también secretaria general del PP. La mano derecha de Mariano Rajoy fue la primera de los nuevos presidentes autonómicos del PP que anunció un plan de recortes. Un ahorro del 20% del Presupuesto. Da igual que los socialistas hayan alertado de que tras este plan se esconde la destrucción de 15.000 empleos públicos, el grueso de ellos en educación y sanidad. Porque Cospedal cree que su duro plan de recortes “garantiza los servicios sociales básicos a los castellano-manchegos, especialmente a los más débiles”, según proclamó.

Pese a que desde que llegó a la Junta no ha abandonado el discurso de las facturas impagadas que se encontró en los cajones –ayer habló de 168.000 impagos a proveedores– la número dos del PP exhibió su orgullo por el hecho de haber “conseguido cuadrar el sudoku” en las cuentas de Castilla-La Mancha. También aprovechó para recordar que, cuando llegó a la Presidencia de la región, se encontró las cosas mucho peor de lo que se esperaba. En “bancarrota”, resumió. Una expresión a la que ya se recurría en su equipo semanas antes de que asumiera el Gobierno.

En todo momento, el PP ha exhibido el plan de recortes de Cospedal como un ejemplo de lo que aplicarán en España si llegan a la Moncloa. Pero, mientras tanto, hacen todos los esfuerzos para intentar neutralizar las acusaciones de los socialistas que apuntan a que un Gobierno conservador será un retroceso para el Estado del bienestar.

En este contexto, el portavoz del PP, Esteban González Pons, sostuvo que su formación aboga por “la sanidad pública y sin recortes”. “Aspiramos a que los pensionistas recuperen el poder adquisitivo y apostamos por que los funcionarios vayan recuperando lo que han perdido”, aseguró. Y entonó un particular credo. “Creemos en las enfermeras y en los profesores. En los médicos y en los maestros”. Muchos de ellos han salido a la calle en las últimas semanas.