A partir de hoy no será necesario un juicio para desahu-ciar a los inquilinos que no paguen el alquiler. Es la consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por la que el arrendatario que no pague el alquiler tendrá sólo diez días a partir de la presentación de la denuncia para abonar la cantidad adeudada, abandonar la vivienda o presentar las alegaciones por las que se opone al pago. Si transcurrido este periodo, el demandado no ha realizado ninguna de las opciones, el secretario judicial procederá directamente a poner una fecha para el desalojo del inmueble, siempre que haya una solicitud previa del propietario.

Chema Ruiz, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cree que esta nueva norma es 'una vergüenza más'. A su juicio, el único objetivo de la medida es 'echar más rápido a la gente de sus casas'. Según Ruiz, la ley también supondrá un mayor desembolso económico por parte de los inquilinos porque 'aumentará el importe de las costas judiciales'.

Desde la PAH, un colectivo que ya ha conseguido paralizar 92 desahucios en España, aseguran que preparan acciones contra esta nueva norma, aunque todavía tienen pendiente definir en qué consistirán. Las comisiones de Vivienda del 15-M no se pronunciarán sobre la influencia de la nueva ley hasta que no debatan sus consecuencias en sus asambleas.

Hasta ahora, tras la demanda por impago presentada por los arrendatarios, el juzgado señalaba la fecha del juicio, en la que se reconocía al propietario el derecho a recuperar su vivienda, así como la fecha del desalojo, lo que hacía que el proceso se alargara durante meses. La reforma actual hace que el derecho a recuperar la vivienda pueda ser reconocido en el plazo de diez días.

Por su parte, el abogado del despacho Lusilla y Asociados, aseguró en declaraciones a Efe, que 'la reforma será insuficiente' si no va acompañada de la implementación de personal en los juzgados. Según explicó, antes de la nueva ley, el arrendador debía esperar varios meses hasta que se llevara a cabo el desalojo, que se llevaba a cabo por una comisión judicial que fijaba las fechas por riguroso orden de asuntos.

Este letrado estima que hacen falta más medios humanos que los lanzamientos se lleven a cabo en un 'tiempo breve'.

La Ley de Medidas de Agilización Procesal, incluida en el plan de modernización de la Justicia implantado por el ministro Caamaño, acomete reformas destinadas a simplificar los procesos y acortar los tiempos de respuesta de los tribunales, mediante la eliminación de trámites innecesarios.