Canarias, el País Valencià, Madrid y Galicia destinan al sistema de atención a la Dependencia mucho menos de lo que deberían. Un 10% la primera, gobernada por Coalición Canaria; un 15% la Generalitat (PP); un 26%; el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) y un 27% el de Feijóo (PP). El dato, extraído del informe que el Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad presentará mañana en el Consejo de Ministros, y al que ha tenido acceso este periódico, desnuda por primera vez la financiación del sistema, bastante opaca hasta el momento. La Comunidad de Madrid, por su parte, desmiente estos datos y asegura que paga más que el Estado.

Al contrario, Euskadi aporta el 64% del coste, La Rioja el 61% y Andalucía el 54%. El resto se aproxima más o menos al 50%. De media, el Estado y las autonomías cumplen con el precepto de la ley que las obliga a pagar a escote el gasto nuevo generado por la ley, que el año pasado ascendió a 3.623 millones de euros. Así, el Gobierno central aportó el año pasado el 54% de su coste, frente al 46% de las comunidades.

El informe, que evalúa el funcionamiento de la Ley de Dependencia a instancias de la propia norma, también revela la perversión de las autonomías que menos aportan al sistema: aprovecharon la entrada en vigor de la ley, hace cuatro años, para camuflar entre sus beneficiarios a quienes ya recibían prestaciones sociales, en detrimento de nuevas ayudas. 'Algunas comunidades han aprovechado la ley para ahorra costes. Con esos datos, la caja se desmonta', denuncia el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

'Algunas comunidades han aprovechado la ley para ahorra costes' El coste de los servicios que ya se prestaban antes de la entrada en vigor de la ley se continúa financiando a través de los presupuestos autonómicos. Están, por tanto, doblemente financiados. Aunque para interpretar correctamente el coste del sistema no se deba tener en cuenta esta partida, cuando el coste de estos servicios se suma al que ha generado la norma, las autonomías aparecen como las que más dinero desembolsan.

En total, contando prestaciones viejas y nuevas, el sistema de atención a la dependencia costó 6.767 millones de euros. De estos, las autonomías aportaron el 52%, el Estado el 39%, y los usuarios, el 9%. No obstante, el 20% de ese dinero (1.353 millones) se ha recuperado mediante distintos retornos fiscales, según el informe. De hecho, el sistema de atención a la dependencia ha generado, en 2009 y 2010, 165.000 nuevos empleos. Esta cifra podría ser muy superior si se potenciaran las prestaciones prestadas por profesionales, de la ayuda a domicilio a las residencias y centros de día. La realidad es que más de la mitad de las ayudas son pagas al cuidador familiar, aunque la ley las pensara como una excepción. Ramírez añade que 'hay que recordar a las 305.000 personas que están en lista de espera'. Tienen reconocido el derecho a una ayuda, pero ésta no llega.