El Pedroso es un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla cuyo censo apenas sobrepasa los 2.000 habitantes. Allí adquirió habilidades emprendedoras José Enrique Rosendo, hijo de un exalcalde socialista y cuyas sociedades obtuvieron de la Junta de Andalucía 13,7 millones en ayudas a lo largo de un cuatrienio: 2000-2004.

José Antonio Viera, secretario general del PSOE sevillano y número dos al Congreso para el 20-N tras Alfonso Guerra, conoce bien El Pedroso. De hecho, tiene casa allí. Rosendo logró subvenciones a granel justo cuando Viera dirigía la Consejería de Empleo, de la que salieron aquellos 13,7 millones.

La historia de los dos párrafos previos ha salido a la luz muy recientemente. La jueza Mercedes Alaya, que investigaba el intento de soborno del caso Mercasevilla, tiró de esa cereza. Y afloró el cesto podrido de los falsos ERE, por los que ya está imputado el sucesor de Viera en Empleo, Antonio Fernández. Alaya siguió tirando y topó con las formidables subvenciones antes referidas. Aforado ante el Supremo como senador por Andalucía, Viera no está imputado. Pero la magistrada ha ordenado investigar sus años de gestión al frente de la Consejería de Empleo.

Los socialistas creen, y lo sugieren sin mucho ocultamiento, que la magistrada juega a favor del PP. Y que de todo lo sucedido en la Consejería de Empleo durante casi una década tienen la culpa unos “granujas” capitaneados por el que pasará a los anales como el alto cargo de rango medio más poderoso de la historia de Andalucía: Javier Guerrero, hoy ex director general de Empleo e imputado en el caso. Por cierto, también natural de El Pedroso.

Los sucesivos superiores de Guerrero, viene a ser el argumento del PSOE, nada sabían. Es más, Viera ha recalcado esa idea: “Si hubiéramos sabido algo –dijo–, hubiéramos tardado treinta segundos en denunciarlo”.

¿Merece el candidato algún reproche como responsable político de quienes gastaron nueve millones en falsas prejubilaciones y aún más en ayudas discrecionales a empresas? El PSOE entiende que no. Pero nadie ha explicado de manera convincente cómo unos cuantos pudieron repartir a su antojo tales cantidades de dinero público: porque o hubo connivencia y responsabilidad penal o hubo una total ausencia de control y, por tanto, responsabilidades políticas.

En febrero, cuando la nómina de falsos prejubilados iba sólo por 39 –ya se contabilizan 72–, los periodistas preguntaron a Viera si planeaba dimitir. “Voy a estar aquí muchísimo tiempo”, fue su respuesta. El PSOE no ha dado ningún paso para desmentirle.