En febrero de 2004, tras ocho años del PP en el poder y sólo un mes antes de que José Luis Rodríguez Zapatero ganase las elecciones de aquel año, un 21,2% de los ciudadanos situaba la delincuencia como uno de los tres principales problemas de España, según reveló entonces el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sólo el paro y el terrorismo de ETA preocupaban más a los españoles. En octubre de 2011, a menos de 30 días de los comicios del 20-N, el panorama que ha arrojado la última encuesta de este organismo es bien distinto: sólo el 6,4% de los consultados seguía viendo la criminalidad como uno de los tres primeros males de la sociedad española. De hecho, la delincuencia ha descendido ya al sexto lugar de las preocupaciones de los votantes. ¿Qué ha pasado en estos años?

La creciente sensación subjetiva de seguridad entre los ciudadanos que reflejan los sondeos es fruto, sobre todo, de un dato objetivo: la acusada reducción en el mismo periodo de las tasas de criminalidad, o lo que es lo mismo, del número de delitos y faltas por cada mil habitantes. Sirva este ejemplo: en el año 2000, y excluidos los delitos contra la seguridad vial, esta tasa era de 45,1. Una cifra que siguió creciendo de modo considerable hasta el 2002, cuando alcanzó su máximo: 51,5 delitos y faltas por cada mil habitantes. O lo que es lo mismo, cerca de 2 millones de infracciones penales. Un récord que se registró, precisamente, durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Ministerio del Interior.

El CIS revela que sólo el 6,4% de los ciudadanos ve ahora la criminalidad como un problema

Es a partir de ese momento, cuando los índices inician un continuo descenso salvo en el año 2005, en que hubo un pequeño repunte que ha desembocado en los 43,9 delitos y faltas por cada mil habitantes de 2010, último año del que hay estadísticas. El nivel más bajo de los últimos 11 años. No obstante, la relevancia de esta cifra sólo es entendible si se compara con las que registran los países de nuestro entorno. Así, el conjunto de la Unión Europea (UE) acumula 67,6 infracciones penales por cada mil habitantes. Y Suecia, el país más castigado por la delincuencia, nada menos que 121 delitos por cada mil ciudadanos. De hecho, España es el tercer país, sólo por detrás de Portugal y Grecia, con menor tasa de criminalidad en la UE.

Este acusado descenso ha coincidido en el tiempo con la curva ascendente que han registrado las plantillas del Cuerpo Nacional de la Policía y la Guardia Civil. Si en el año 2000 el número de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado era de 120.776 y al año siguiente tocaban fondo con 118.006, enero de 2011 comenzó nada menos que con 155.810 policías y guardias civiles. Es decir, 37.804 agentes más.

Este significativo aumento del número de agentes ha ido acompañado de una especialización de las plantillas más acorde a los nuevos retos que se han planteado en materia de seguridad. Así, si en 2003 había poco más de medio millar de agentes especializados en violencia de género, 2010 acabó con 2.008, un 297,8% más. En ese mismo periodo, en la lucha contra el crimen organizado se pasó de 3.491 policías a 7.156. O lo que es lo mismo, un 105% más. Y en la investigación de la delincuencia común, de los 6.453 funcionarios policiales existentes en 2003 se ha pasado siete años después a 13.610, un 110,9% de incremento.

En 2002, con Rajoy de ministro del Interior, se registró el récord de delitos: casi dos millones

No es extraño, por tanto, que la tasa de detenidos, la que refleja el número de arrestados por cada mil infracciones penales conocidas, también se haya incrementado de manera significativa. Así, la última legislatura de Aznar comenzó con un tasa de 126 detenidos, que fue descendiendo año tras año hasta llegar a sólo 110 en 2003. Es a partir de ese año cuando las cifras de arrestos se incrementan de modo significativo hasta que en 2009 alcanzó un máximo de 173, lo que supuso un total de 307.730 detenidos. En 2010 esta cifra se redujo ligeramente a 171, aún muy por encima de la última etapa de los Ejecutivos del PP.

Curiosamente, España tiene un índice de encarcelamiento muy superior al de otros países que superan ampliamente nuestra tasa de criminalidad. Hay en la actualidad cerca de 71.500 presos fruto, en opinión de los expertos, de un Código Penal garantista con los detenidos pero severo en las penas. Tanto que en España, sin cadena perpetua una de las ofertas estrellas del PP para el 20-N, muchos condenados permanecen más tiempo en prisión que en otros países donde sí se recoge la figura penal que ahora promete imponer Rajoy.