Un centenar de farmacéuticos de Castilla-La Mancha se concentraron ayer en la plaza de Zocodover de Toledo para reclamar a la Junta que ponga fin al impago que arrastran desde que María Dolores de Cospedal, número dos del PP, asumió las riendas del Gobierno regional tras ganar las elecciones de mayo. Fue entonces cuando se dejó de abonar a los boticarios el dinero que la Administración les paga cada mes por las recetas que corren a cargo de la sanidad pública. Aunque en octubre se les pagó el mes de mayo y hace unos días se les liquidó el 25% de las recetas de junio, la deuda ya asciende a unos 230 millones de euros. Si el impago continúa, cuando acabe el año ascenderá a 360 millones.

El pasado 2 de noviembre la Consejería de Sanidad llegó a un acuerdo con los colegios de farmacéuticos de Toledo y Albacete, según el cual se facilitaba a los boticarios solicitar préstamos presentando como aval las recetas emitidas por la sanidad pública. Globalcaja fue la única entidad que se adhirió a esta iniciativa y puso sobre la mesa 40 millones de euros para los farmacéuticos que lo solicitaran.

Los impagos del Gobierno regional ascienden ya a 230 millones de euros

Pero centenares de boticarios, asfixiados por la situación, y al ver que el impago se alargaba y las negociaciones con la Junta avanzaban a cámara lenta, ya habían solicitado préstamos con anterioridad al acuerdo, teniendo que avalar la cantidad con sus propiedades. 'El acuerdo llega tarde y no es completo', asegura Montserrat Muñoz, farmacéutica de Alcaudete de la Jara , de 2.000 vecinos, y una de las impulsoras de la protesta.

El caso de Muñoz ilustra el quebradero de cabeza que está suponiendo a los farmacéuticos asumir el coste de los medicamentos que se distribuyen a la población. En agosto, pidió un crédito de 250.000 euros. 'O lo pedía o cerraba', explica. Ya ha gastado 170.000 de ellos en pagar a los proveedores de los medicamentos y en mantener su establecimiento. Con los 80.000 euros que le quedan asegura que no logrará llegar a fin de año.

Muñoz no puede rescindir el préstamo, por el que pagó 1.000 euros de intereses el mes pasado, si la Junta no le paga. 'Estoy vendida al Sescam [el servicio de salud de Castilla-La Mancha]', denuncia. El 95% del dinero que factura es en recetas. Por su parte, el Consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, calificó de 'grupo minúsculo' a los manifestantes y les animó a 'no perjudicar al resto de sus compañeros'.