Que para el PP 'la mejor política social es el empleo' ha quedado meridianamente claro en los últimos meses a base de repetir la idea en todos sus actos públicos. Lo que no está tan claro es cómo se van a garantizar los servicios sociales básicos si la creación de empleo no acompaña. Máxime teniendo en cuenta que el nuevo Gobierno no prevé la subida de impuestos.

En la actual coyuntura económica uno de los principales retos a los que se enfrenta el PP es el de definir lo que el partido entiende por Estado del bienestar. ¿Va a favorecer la educación privada en detrimento de la pública? ¿Va a hacer una apuesta clara por el copago en sanidad tal y como se insinúa desde algunas comunidades autónomas gobernadas por los conservadores? ¿Está dispuesto a dar marcha atrás en conquistas sociales del anterior Gobierno como la Ley de Dependencia? El programa con el que el equipo de Rajoy ha concurrido a las elecciones y sus últimas declaraciones han sido tan ambiguas que casi todo son interrogantes.

La respuesta se irá viendo a lo largo de los próximos meses. Mientras tanto, a día de hoy, lo único que está claro es que el presidente electo considera que la dependencia tal y como fue diseñada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 'no es viable'. Y que deben ser las comunidades autónomas, en tanto en cuanto las competencias están transferidas, las que deben decidir sobre sanidad y educación.

Por si sirve para dar alguna pista, el hombre que fue ayer mayoritariamente respaldado en las urnas avaló recientemente el plan de recortes puesto en marcha por María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha. A saber: una reducción del 20% del presupuesto para 2012 y la supresión de más de 15.000 empleos públicos, el grueso de ellos en educación y sanidad.

También Cospedal puso sobre la mesa su intención de privatizar la televisión pública autonómica. Se trata de algo que el partido a escala nacional ha llevado en su programa junto a la posibilidad de la entrada de capital privado en otros sectores.

La gran duda es quién se encargará del Ministerio de Economía

El segundo de los grandes retos tiene que ver con los derechos sociales. En la pasada legislatura el PP fue especialmente insistente en la necesidad de cambiar la Ley del Aborto y en la de derogar o modificar la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora están ante el difícil equilibrio de no tomar decisiones impopulares y responder a las expectativas generadas en el sector más conservador de su electorado.

Con el reciente anuncio del cese definitivo y sin condiciones de la banda terrorista ETA, otra de las asignaturas pendientes de esta legislatura será la de gestionar el fin del terror. La intención del PP es hacerlo basado en la ley, respetando la memoria de las víctimas y de la mano, por lo menos, de los socialistas, la otra fuerza mayoritaria en el Congreso. La hoja de ruta tampoco ha sido concretada. El programa se limita a citar generalidades.

También está por ver el papel que el PP otorga a la construcción de obra pública nueva en un momento en el que los indicadores económicos son pésimos. Y el grado de compromiso que alcancen para alejar la corrupción de la política. No en vano, gran parte de los titulares protagonizados por el partido en los últimos años ha tenido que ver con escándalos de este tipo.

La misma imprecisión de la que ha echado mano Rajoy a la hora de concretar cuáles serán sus ajustes ha sido su recurso cuando se le ha demandado que precise quién le acompañará en su primera etapa en la Moncloa y cuál será la estructura de su Consejo de Ministros.

Gallardón, Cañete y Santamaría son fijos en las quinielas ministeriales

Hace diez días, en una entrevista en Antena 3, el líder de los conservadores aseguró que su intención era la de suprimir 'uno o dos ministerios' respecto a la estructura que heredará de los socialistas. Si cumple su palabra, esta actitud chocará con una de las demandas más insistentes del PP al Gobierno en los últimos años: la de la reducción de un importante número de estos departamentos . 'Sobran ministerios, se solapan competencias', ha llegado a denunciar Rajoy.

A la espera de que vayan despejándose estas incógnitas, todo apunta a que habrá un Ministerio de Agricultura independiente y a la posiblidad de que se fusionen las carteras de Justicia e Interior. Un sector del PP considera que esto sería un acierto tras el anuncio de ETA.

Menos acuerdo hay sobre la posibilidad de que la de Cultura sea una cartera independiente. El propio Rajoy lo puso en duda en una reciente entrevista en El País en la que sólo se atrevió a decir que a él le 'gustaría' que hubiera un ministerio de este tipo.

Respecto a los nombres, el dirigente conservador se ha limitado a citar en público a algunas personas que le gustaría que le rodearan. Es el caso de Alberto Ruiz-Gallardón, Soraya Sáenz de Santamaría, Miguel Arias Cañete, Ana Mato todos en la lista por Madrid o el presidente del PP canario José Manuel Soria. Mientras que Ruiz-Gallardón es fijo en las quinielas para ocupar Justicia, Interior o incluso Defensa, el nombre de la portavoz del PP en el Congreso en la última legislatura suena con fuerza como vicepresidenta.

Uno de los secretos mejor guardados es el de quién ocupará Economía. Rajoy ha dado pocas pistas. Suenan los nombres de Cristóbal Montoro, Luis de Guindos, exsecretario de Estado de Economía de José María Aznar, y el del economista José Manuel González Páramo.