La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que quien debe tener la última palabra sobre los indicios de cohecho y tráfico de influencias hallados por la jueza Estela San José contra el ministro de Fomento en funciones, José Blanco, debe ser la Sala Segunda del Alto Tribunal. Por eso ayer informó a favor de la admisión a trámite de la exposición razonada elevada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo por el caso Campeón.

En el escrito, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo –en quien delegó el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por su amistad con Blanco– solicita a la Sala encargada de investigar y, en su caso, juzgar a aforados que nombre a un instructor de las actuaciones.

La Sala de Admisión del Alto Tribunal, de momento compuesta por el presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar y Francisco Monterde, será la encargada de admitir a trámite la exposición razonada, algo que se presenta como más que probable, después de que la Fiscalía haya informado a favor. El tribunal, al que sumarán otros dos magistrados, deberá decidir también si considera que tiene que quedarse con toda la causa o sólo con lo referido a José Blanco.

Para hacer su informe, según fuentes fiscales, el Ministerio Público sólo ha contado con la exposición razonada elevada por la jueza y un dictamen de la Fiscalía de Lugo, que fue la primera encargada del caso.

Para justificar la remisión de su escrito al Alto Tribunal, la jueza señalaba que debe ser él quien analice “si, como indica el Ministerio Fiscal, existen indicios de la presunta comisión por parte de José Blanco de los delitos de cohecho y tráfico de influencias”. En su día la Fiscalía lucense proponía esperar a los resultados de un informe pericial contable antes de remitirse al Supremo.

Sin embargo, la magistrada optó por no esperar y remitir las actuaciones al Alto Tribunal, alegando que el propio Blanco había denunciado la indefensión que padece. Cuando el Supremo admita a trámite la exposición razonada, podrá solicitar declarar voluntariamente, sin necesidad de esperar a que se curse el pertinente suplicatorio al Congreso, dada su condición de diputado.

Tras tener noticia del informe fiscal, el propio Blanco reiteró su “plena confianza en la Justicia y en sus tiempos”. “Lo único que deseo es que se esclarezca la verdad cuanto antes”, aseguró a un grupo de periodistas, informa Efe. Además, Blanco fue respaldado por el ministro de la Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, quien mostró su “confianza plena” en el portavoz del Gobierno.

El fiscal pide a la Sala que nombre un instructor que debe decidir si cita a Blanco

Por su parte, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, se limitó a señalar respecto al informe fiscal: “Está bien que todos los españoles sean tratados igual ante la ley”.

En su exposición, la jueza Estela San José explica que es a partir de la declaración del empresario Jorge Dorribo, el pasado 8 de agosto, cuando se tuvo “conocimiento de la existencia primaria de los indicios” contra Blanco y se procedió a incorporar a las actuaciones las transcripciones que hasta entonces se creía que carecían de interés. En su declaración, Dorribo presenta al portavoz del Gobierno como una persona a la que los empresarios gallegos implicados en la trama recurren con frecuencia para agilizar trámites y conseguir contratos.

Jorge Dorribo está imputado en la operación Campeón por los delitos de fraude de subvenciones y contra la Administración pública. Según el escrito de la jueza, el empresario junto a otros tres imputados en la supuesta trama, crearon sociedades con el objetivo de captar subvenciones y préstamos públicos de manera ilícita. Uno de ellos, José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar, mantuvo una fluida relación vía SMS con “quien podría ser José Blanco”, afirma la jueza como corroboración de lo declarado por Dorribo sobre el ministro. La jueza también cita conversaciones que Orozco mantuvo con otras personas. En una dice que “ese préstamo lo llevó él a Madrid y se lo dio a Pepe Blanco”. Señala que se firmó la semana anterior y añade que “ahora hay que presentar las facturas”.

El ministro insiste en su deseo de que 'se esclarezca la verdad cuanto antes'

En octubre, Dorribo declaró que desde una cuenta del Banco Crèdit Andorrà hizo una transferencia a Salut D’Innovació de 150.000 euros para el pago a Blanco. Explicó que lo ingresó en la sociedad para que quedase “constancia de cara a los socios”. Luego hizo frente al pago el día 5 de febrero “en la gasolinera de Guitiriz al primo de Blanco” Manuel Bran, de Electricidad Espiñeira y Bran, que cifra en 200.000 euros.

Según Dorribo, sin realizar este pago no habría podido reunirse con el ministro en la estación de servicio para poder agilizar sus gestiones con el Ministerio de Sanidad. Declaró que la sociedad andorrana se creó para hacer “un laboratorio de comercialización y exportación de producto”. El objetivo era recoger los medicamentos depositados en los puntos Sigre de las farmacias, porque una gran parte “no estaría caducada” y se podría vender a otros países.

Según Dorribo, Orozco le dice que Blanco “quiere estar en el negocio” y que él le representaría. El empresario afirmó que, “además de la participación en la sociedad, pagaron 90.000 euros a Blanco”. El pago se realizaría a través de un contrato, cuyo coste real era de 36.391 euros, aunque los socios lo aprobaron por 123.000, “la diferencia iría para José Blanco”, puntualizó. Su arresto frustra la operación.

Cospedal: 'Está bien que todos los españoles seamos tratados igual'

La Fiscalía de Lugo apreciaba contradicciones en las declaraciones de Dorribo, por lo que quería esperar al informe pericial encargado antes de enviar la causa al Supremo. Sí apreciaba indicios de un delito de tráfico de influencias, según la jueza San José, en el análisis de una serie de llamadas telefónicas relacionadas con una nave que Orozco pretendía construir en el aeropuerto de Sant Boi. El empresario se jacta de que “siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno”.