El presunto desvío de fondos públicos a cargo de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres afecta ya de lleno al Gobierno valenciano. Dos ex altos cargos de la época de Francisco Camps al frente de la Generalitat están imputados por haber estampado su firma en los contratos del Instituto Nóos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa). Se trata de Jorge Vela, que estuvo al frente de Cacsa entre 2002 y 2005, y de su sucesor en la dirección del organismo, José Manuel Aguilar, que cesó en 2009.

La Fiscalía Anticorrupción se desplazó el jueves a Valencia para interrogar a ambos en calidad de imputados. La ciudad se ha convertido en las últimas 48 horas en el epicentro temporal de la operación Babel: a la imputación de Vela y Aguilar hay que sumar el interrogatorio de dos altos cargos del Ayuntamiento como testigos en el caso y la visita de los fiscales y los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) a la sede de Cacsa, donde tomaron más declaraciones y comprobaron documentación relacionada con los contratos firmados entre la Generalitat valenciana y la ONG que presidía Iñaki Urdangarin. En las últimas horas, una mujer, de la que no trascendió su identidad, se ha incorporado también a la nómina de imputados en la pieza que investiga el juez José Castro.

Los imputados fueron directores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias

El magistrado ya requirió documentación a la Conselleria de Turismo el pasado 7 de noviembre, fecha en la que fueron registradas las sedes del Instituto y otras empresas vinculadas a Urdangarin y Torres. Las actuaciones de ayer responden al interés del magistrado por ampliar la información en su poder sobre los contratos para la celebración de las tres ediciones del Valencia Summit, un congreso internacional sobre turismo y deporte que el Instituto Nóos organizó en Valencia en los años 2004, 2005 y 2006. El congreso fue sufragado por el Gobierno valenciano, a través de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y el Ayuntamiento, por medio de la Fundación Turismo Valencia.

Los interrogatorios en Cacsa comenzaron ayer a las 11 de la mañana. 'Llegaron cuatro policías de repente y empezaron a llamar a un muchísima gente, la mayoría cargos del 2005 que ya no están aquí. Entonces pidieron sus teléfonos a compañeros que aún puedan mantener vínculos con ellos', relató a Público una trabajadora de la entidad. Según explicó, los agentes tenían especial interés en localizar a Ana Rosa Moreno, responsable de marketing en el 2005.

Los interrogatorios se trasladan a la sede del organismo público valenciano

Durante tres horas, los empleados de Cacsa fueron pasando por la sala de juntas. 'Había una enorme cola de empleados a la puerta, pero al final sólo declararon siete u ocho', afirmó la misma trabajadora. Entre los testimonios más relevantes, el de Henar Molinero, actual directora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias; Carmen Descals, responsable del gabinete de Dirección en el 2005 y actualmente jefa de Actos y Eventos; Alicia Verdú, jefa de Comercial; Marco Antonio Edesa, jefe de los servicios jurídicos, y su predecesora, y Mª Ángeles Mallent, que acudió a Cacsa requerida por la Policía Judicial. Además, cuatro informáticos ayudaron a los agentes a buscar datos en los ordenadores de la empresa.

En las últimas horas también ha prestado declaración, en calidad de testigo, el número dos del Ayuntamiento y director de la Fundación Turismo Valencia, Alfonso Grau, así como José Salinas, director del Valencia Convention Bureau, organismo dependiente del Consistorio que cerró los contratos con el Instituto Nóos, informa Alicia Gutiérrez. Según fuentes del consistorio, Grau declaró durante hora y media en un despacho de la Ciudad de la Justicia, donde explicó al fiscal que toda la documentación firmada con Nóos 'está en regla y debidamente justificada'.

El Instituto Nóos, en aquella época presidido por Urdangarin, con Torres de vicepresidente, se embolsó 1,04 millones de euros por cada una de las ediciones del Valencia Summit (900.000 euros más IVA). En total, 3,1 millones a los que se suman los 382.000 euros abonados por el Gobierno de Francisco Camps en 2006 por el proyecto de unos Juegos Europeos que nunca se llegaron a celebrar.

El 'número dos' de Rita Barberá declara como testigo ante la Fiscalía

El origen de la investigación por malversación de fondos públicos está en el caso Palma Arena, la matriz que afecta al expresident balear Jaume Matas, imputado por varios delitos de corrupción. Los investigados en esta pieza separada se reparten, de un lado, entre los que participaban en la trama de parte del Instituto Nóos y sus empresas satélites, y de otro, aquellos sospechosos de contribuir desde sus puestos en la Administración, caso de los exdirectores de Cacsa. El socio de Urdangarin, Diego Torres, ya ha sido imputado por el juez.

En un auto del juez dictado el 7 de noviembre, el juez instructor José Castro señala a ambos como artífices de una trama empresarial destinada a 'apoderarse' de fondos públicos. El modus operandi consistía en que el Instituto Nóos fijaba unos precios 'totalmente desproporcionados' por los servicios que prestaba a las administraciones públicas. A continuación, simulaba que contrataba a entidades mercantiles controladas por Torres y/o Urdangarin por 'servicios ficticios', con lo que el dinero acababa en manos de ambos.

El convenio para la celebración del Valencia Summit entre la Generalitat, Ayuntamiento y Nóos, cuyo contenido adelantó Público el 25 de noviembre, no contiene ni una sola cláusula sobre qué debía hacer el Instituto, además de organizar el congreso. La Generalitat y el Ayuntamiento, que figuraban como 'colaboradores', abonarían de forma paritaria lo que el texto denomina 'el resto de los gastos', dejando poco margen para el desembolso por parte de la organización sin ánimo de lucro.

Los gastos que abonarían Administración autonómica y municipal, según un anexo, eran los siguientes: 'Alojamiento (conductores, azafatas, médicos, técnicos), viajes, alquiler de salas, audiovisuales, mobiliario, catering reuniones, catering cena gala, cartelería, decoración floral, iluminación, decoración salas, acreditaciones, ambientación musical'. En total, 307.638 euros por cada congreso de tres días de duración.

Los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda al magistrado demuestran que los 5,8 millones que se embolsó el Instituto Nóos entre 2004 y 2007 la suma de los ingresos en Valencia más los recibidos del Govern de Jaume Matas coinciden con la cantidad ingresada en ese mismo periodo en las cuentas de seis sociedades controladas por el duque de Palma y/o Torres, con tan sólo un desfase de sólo 75.535 euros menos .

La intervención policial en la sede de Cacsa generó una larga cadena de reacciones entre la clase política valenciana. A última hora de la tarde, un teletipo de Europa Press señalaba que el Consell no tenía conocimiento de auto de imputación alguno a exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Horas antes, la portavoz del Gobierno valenciano, Lola Jonhson, señalaba en rueda de prensa que la operación Babel 'no afecta' a la Generalitat y que la documentación precisada es 'simplemente un fase de diligencias de solicitud de información'.

Por su parte, la diputada socialista en Les Corts Eva Martínez lamentó que con la investigación del presunto desvío de fondos a través del Instituto Nóos 'ha quedado nuevamente demostrado que la política de grandes eventos del Partido Popular sólo ha traído endeudamiento y presunta corrupción'.

De manera parecida se refirió Ignacio Blanco, diputado de Esquerra Unida en el Parlament, quien denunció 'una trama valenciana ligada a Iñaki Urdangarin'. Por este motivo, Blanco instó a la Generalitat valenciana 'a hacer públicos todos los contratos y convenios que nos ocultan repetidamente desde 2010'. Una solicitud que también hizo efectiva Compromís, a través de su portavoz, Enric Morera. 'Es necesario que desde el Consell presten la máxima colaboración a las autoridades judiciales y policiales para poder desenmascarar a todos los sinvergüenzas que, durante los mandatos de Francisco Camps, se han dedicado a saquear las arcas públicas valencianas', subrayó.