Ni comparecencias ni declaraciones. Mudo. Así ha quedado Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, después de que el Tribunal Supremo revocara este jueves la decisión de la Audiencia de Castellón de declarar prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales por los que está imputado.

Este silencio contrasta con la algazara con la que el político conservador celebró la decisión de la Audiencia provincial hace exactamente un año. Fabra realizó entonces un acto de exaltación genealógica al convocar a los medios en su despacho, decorado con los retratos de sus antepasados, una estirpe familiar que ha gobernado con mano férrea la provincia desde los tiempos de Isabel II. 'La prescripción es tanto como la absolución', aseguró exultante, y, acto seguido, pronosticó que jamás le juzgarían 'de nada' (sic.).

Los conservadores se limitan a mostrar el 'respeto máximo por la justicia'

Estas palabras tuvieron un amplio acompañamiento coral de miembros de su partido y del entonces Gobierno valenciano presidido por Francisco Camps. 'Que le pidan disculpas. No pueden salirse de rositas', exigió a la oposición Antonio Clemente, presidente autonómico del PP. 'La justicia ha dado la razón al líder que más ha trabajado por Castellón', manifestó la secretaria general de los conservadores por esta provincia, Marisol Linares.

'El archivo es una mala noticia para los fans de los banquillos mediáticos', culminó el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons. Una exuberancia dialéctica que ayer mutó en todo lo contrario. El portavoz del los conservadores en Les Corts, Rafael Blasco, mostró su 'respeto máximo por la justicia', y la portavoz del Con-sell, Lola Jonhson, se abstuvo de valorar la decisión del Supremo, que es 'simplemente una cuestión absolutamente técnica procesal'.

En la otra orilla, la oposición se explayó en la exigencia de responsabilidades al que hasta mayo fue el presidente de la Diputación de Castellón. El secretario general del los socialistas valencianos, Jorge Alarte, pidió al president de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que suspenda de militancia 'inmediatamente' al exdirigente provincial castellonense y así 'demuestre que sus manifestaciones sobre la corrupción son algo más que unas buenas palabras'.

La oposición exige al PP que suspenda a Fabra de militancia

De manera similar se pronunció la diputada de Esquerra Unida en Les Corts valencianas, Marina Albiol, quien invocó a la 'salud democrática' para apartar al político castellonense de la actividad política. 'Si lo permiten, están apoyando a un imputado por delitos muy graves', sostuvo Albiol. Además de por los cinco delitos fiscales, que suponen un fraude de 1,5 millones a Hacienda y por los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel, Fabra también está imputado por soborno y tráfico de influencias.

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en el parlamento valenciano, Mónica Oltra, manifestó que, en su opinión, resulta incompatible que el Tribunal Supremo corrobore las imputaciones a Fabra y que el PP le mantenga como presidente de la empresa pública Aerocas, que gestiona 'el aeropuerto sin aviones que él mismo impulsó' en Castellón.

'Alguien sobre el que pesan acusaciones como haber defraudado a Hacienda no puede estar al frente de un aeropuerto que está en fase crítica, ya que es como tenerle de esperpento para cualquier inversión', denunció Oltra.