La deuda de las autonomías a las clínicas privadas que realizan abortos se ha disparado en los últimos meses, aunque de momento sólo el Gobierno balear ha decidido anular los conciertos económicos y transferir los abortos a los hospitales públicos. En el peor de los casos, como Madrid y Castilla-La Mancha, los responsables de los centros aún no han cobrado ni un céntimo correspondiente a los abortos realizados en 2001. En ambos casos, sólo se les ha pagado el 25% de la deuda, según calculan fuentes del sector. En la Comunidad de Madrid, la deuda asciende a más de dos millones de euros. Y en Castilla-La Mancha, a 1,2 millones.

En Aragón, la deuda también se ha incrementado en los últimos meses. Si antes las clínicas cobraban con unos dos meses de retraso, ahora el Gobierno autonómico ya les debe las cuotas de medio año. Cantabria es otra de las autonomías donde las clínicas que practican abortos ven como cada vez les cuesta más cobrar.

'Estamos sobreviviendo con préstamos bancarios, asumiendo los intereses de nuestro propio bolsillo', explica Sergio Muñoz, de la Clínica El Bosque de Madrid. Según recuerda, la entrada de la nueva Ley del Aborto ha empeorado su situación financiera. La nueva norma introduce la intervención en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Es decir, que todos los abortos son pagados por las autonomías.

De esta forma, si antes los abortos financiados por la sanidad pública representaban un 20% de todos los que realizaban las clínicas privadas, ahora la situación se ha revertido. Así, la sanidad pública paga el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo que practican las clínicas. El resto corresponde a mujeres que acuden a abortar por su cuenta, sin pasar por el circuito de la sanidad pública. Esto explica que aunque antes ya se produjera retraso en el pago, ahora afecte mucho más a las clínicas, porque la mayor parte de su facturación depende de esta factura.