No hay dinero para pagar a las clínicas concertadas para que realicen abortos, así que las interrupciones de embarazos las realizarán los hospitales públicos. Ese es el planteamiento que ha llevado al Govern de Balears, con mayoría absoluta del Partido Popular, a eliminar la partida destinada a pagar a estas clínicas de los presupuestos de 2012, que se aprobarán la semana que viene.

En teoría, la medida llevaría a Balears a cumplir la Ley del Aborto como ninguna otra autonomía lo hace, al no tener que recurrir a la sanidad privada para cumplir un derecho fundamental. Pero en la práctica, pone en peligro que las mujeres de dicha autonomía puedan interrumpir su embarazo cuando lo deseen.

Un alto cargo se quejó de las mujeres que abortan 'cinco veces al año'

La consellera de Salut, Carmen Castro, garantizó ayer que la sanidad pública se hará cargo de todos los abortos. No obstante, a 19 días de que se aplique la nueva medida, el Servei de Salut (IB Salut) aún no sabe si dispondrá de los médicos necesarios en la sanidad pública para asumir todos los abortos, según reconocen fuentes de esta institución. Aun así, también insisten en que Balears cumplirá la ley.

Según los últimos datos de los que se disponen sobre abortos, en 2009 se realizaron 3.175 interrupciones voluntarias de embarazos en estas islas. De estas, sólo 137 (un 4%) se hicieron en hospitales públicos. El elevado número de médicos y profesionales sanitarios que objetan por razones ideológicas a realizar abortos ha hecho, también en el resto de España, que tradicionalmente se firmen conciertos con clínicas privadas para que realicen estas intervenciones.

Incluso el jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital palmesano de Son Espases, centro de referencia en Balears, ha llegado a reconocer que ve complicado que los centros públicos puedan hacerse cargo de los más de 3.000 abortos que cada año han venido realizando las clínicas privadas. Manuel Usandizaga reconoció al Diario de Mallorca que es objetor y que desconoce si los miembros de su equipo, una treintena de personas, también lo son.

En Balears se hacen unas 3.000 intervenciones al año

La Ley del Aborto que entró en vigor en julio de 2010 reconoció por primera vez el derecho individual de los médicos a objetar a realizar abortos e instó a las autonomías a crear registros de objetores, a fin de poder organizar mejor los recursos públicos. Pero poco o nada de esto se ha hecho.

La diputada del PSM en el Parlamento balear y exconsellera de Bienestar Social, Fina Santiago, critica que el Govern no haya estudiado detenidamente si los hospitales públicos podrán realizar los abortos. '¿Qué han hecho para que se garantice la prestación? ¿Qué medidas van a llevar a cabo?', plantea. 'Se conseguirá que la mujer que pueda pagarlo vaya a la privada y la que no, tenga que seguir con el embarazo', denuncia.

En la misma línea se pronuncia el doctor Javier Cortés, de la Sociedad Balear de Ginecología y Obstetricia. 'Nosotros defendemos la equidad y la igualdad de acceso, que no sólo los ricos puedan acabar abortando porque son los únicos que pueden pagarse un aborto en una clínica privada', insiste. Cortés recuerda que en los hospitales públicos la mayoría de médicos objeta.

La decisión del Gobierno que preside José Ramón Bauzá esconde, más allá de las razones económicas, un planteamiento moral. La semana pasada, el director asistencial del IB Salut, Joan Veny, aseguró que se debe 'racionalizar' la prestación de abortos. También afirmó que la situación se debe 'reevaluar'. Y criticó que haya, según él, mujeres que aborten 'hasta cinco veces en un mismo año'. Esta afirmación dista mucho de la realidad. En 2009, sólo en 13 de los 3.175 abortos realizados en Balears la mujer había abortado al menos otras cinco veces en toda su vida.

La consellera de Salut, Carmen Castro, también se destapó hace unos días, cuando señaló que el Govern estudia si puede modificar el procedimiento estatal que permite que la píldora del día después se venda en las farmacias sin receta. 'La píldora del día después se está usando como método anticonceptivo, pero las usuarias deben saber sus consecuencias', aseguró. La medida, en vigor desde septiembre de 2009, no ha disparado las ventas, según los datos de los laboratorios.

De hecho, la organización ultra Instituto de Política Familiar, cuyo delegado en Balears, Agustín Buades, tuvo un cargo público durante el Gobierno de Jaume Matas (PP), se ha atribuido como victoria propia el hecho de que el Gobierno haya anulado los conciertos con las clínicas privadas. Incluso ha agradecido públicamente 'la sensibilidad hacia la vida' de la Conselleria de Salut.

Para el Lobby de Dones (Lobby de Mujeres en catalán), la decisión del Gobierno es 'muy preocupante'. Su presidenta, Xesca Mas, recuerda que el aborto es 'un derecho fundamental' y denuncia al Gobierno de hacerse eco de las demandas del instituto de Política Familiar. 'No pueden jugar con las mujeres por la crisis', insiste. El Lobby de Dones asegura que si en enero alguna mujer queda desprotegida recurrirán al Defensor del Pueblo.

Por su parte, el gerente de la clínica Aragón de Palma, la más grande de Balears, Gerrit Bosma, explica que la decisión de revocar el concierto se les comunicó por teléfono unos días después de haberlo renovado para un año más. El Govern no les paga por sus servicios desde junio.