Quince meses después de garantizar en 2004 al Instituto Nóos 3,1 millones por el montaje de tres minicumbres turístico-deportivas, las llamadas Valencia Summit, el Gobierno de Francisco Camps comprometió otros seis millones en favor de la ONG de Iñaki Urdangarin. Lo hizo a través de un convenio de contenido aún más difuso que el anterior y cuyo objetivo era el diseño de unos Juegos Europeos cuya celebración no daban por segura los firmantes del acuerdo y para los que ni siquiera se fijó una fecha estimativa.

Suscrito el 23 de diciembre de 2005, víspera de Nochebuena, 'a propuesta' de Camps, el convenio nunca llegó a ejecutarse. Aun así, Instituto Nóos cobró 382.203 euros en 2006 en pago a trabajos relacionados con ese convenio y de cuyas características nunca ha informado la Generalitat.

El acuerdo preveía que Presidencia hiciera directamente los pagos

El acuerdo, del que informaron ayer a Público fuentes del caso, establecía que los fondos para la entidad sin ánimo de lucro saldrían directamente del presupuesto de la Presidencia de la Generalitat. Su firma se produjo el mismo día en que el Consell de la Generalitat dio su aprobación previa al proyecto 'a propuesta' de Camps.

Rubricado por el entonces vicepresidente valenciano, el hoy condenado en el caso de los trajes Víctor Campos, la primera cláusula del convenio ilustra la distancia entre la vaguedad de lo pactado y la envergadura de la contrapartida económica. El texto dice lo siguiente: 'El objetivo principal consiste en el fomento de todas las actuaciones que se lleven a cabo por parte de Instituto Nóos que contribuyan al diseño y elaboración del dossier de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos, así como al conocimiento de las posibilidades reales de la Comunidad Valenciana como sede, a la presentación del proyecto a las instituciones olímpicas y europeas y, en su caso, a recabar los apoyos que pudiesen ser necesarios'.

Es decir, que la Generalitat firmó un acuerdo por el que se disponía a abonar seis millones con cargo a los presupuestos de 2006 y 2007 sin saber si el proyecto era viable y con una sola coletilla como cláusula de salvaguarda: 'La vigencia y efectividad del presente convenio quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de dicho ejercicio'. De los seis millones prometidos, 4,8 serían para gastos corrientes y 1,2 para gastos de inversión.

Su firma se produjo el mismo día en que el Consell autorizó el proyecto

Al enumerar las actividades asignadas a Nóos, cuyo presidente acababa de abandonar el Comité Olímpico Español (COE), el convenio incluye un párrafo también vago pero sugerente sobre cómo el perfil lobbista del yerno del rey interesaba a Camps. La misión era esta: 'Asesoramiento en la puesta en marcha de las acciones que puedan contribuir a la potenciación y optimización de las ventajas estratégicas para la Comunidad Valenciana en el ámbito internacional derivadas de la celebración en la ciudad de Valencia de la Copa América 2007'. Así comienza el párrafo. Y acaba así: 'De un modo particular, se tendrán en cuenta las repercusiones de estas ventajas en los países de abanderamiento de las embarcaciones que compiten en este evento y, de modo singular, en China'. Qué tenía que hacer exactamente Nóos con el Gobierno chino o cualquier otra institución del gigante asiático es algo que el convenio no detalla.

En teoría, Instituto Nóos no desarrolló ningún proyecto directamente ligado a la Copa América. Pero, como ya publicó este diario, un antiguo empleado del Instituto Nóos desveló recientemente en una entrevista que la ONG había mediado en el contrato por el que Valencia obtuvo la 32ª edición de la competición de vela.

Con una vigencia de dos años del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007, el convenio anticipaba la opción de una duración mayor. 'Se podrá prorrogar anualmente a su vencimiento si ambas partes muestran su conformidad y existe disponibilidad presupuestaria adecuada y suficiente'.

La Generalitat admitió en el texto que no sabía si la idea era viable

El hecho de que se trate de un convenio bienal choca de plano con otra cláusula: la que señala que 'la justificación del gasto se llevará a cabo [...] siempre antes del día 31 de diciembre de 2006'. Si los firmantes del convenio creían que promover Valencia como sede de unos inexistentes Juegos Europeos requería dos años, no se entiende por qué el gasto debía acreditarse en la fecha reseñada.

En mayo de 2006, cinco meses después de la firma del convenio para los Juegos, la Generalitat incorporó al texto una adenda para 'concretar la aportación' de la Generalitat en lo relativo al ejercicio 2006. El nuevo texto cifraba en tres millones de euros su aportación de ese año para 'gastos corrientes' de Instituto Nóos en relación al convenio. Por qué la Generalitat cerró el grifo es una incógnita. Y ya se ha resuelto otra: más de dos tercios de los 382.000 euros que cobró Nóos fueron a parar a la empresa subcontratista que realmente montó la oficina del proyecto y comenzó a preparar los dossieres.

El acuerdo mostraba interés por que Nóos hiciera trabajo de lobby en China

En septiembre de 2004, y mientras ocupaba el cargo de vicepresidente en esa gran plataforma de poder fáctico que es el Comité Olímpico Español (COE), Urdangarin había organizado con el Instituto Nóos la primera cumbre Valencia Summit. Aquellas primeras jornadas de 2004, cuyo objetivo declarado era buscar sinergias entre turismo y deporte, reportaron al Instituto Nóos 1,04 millones de euros, pese a que el grueso de los gastos fue soportado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia. Hubo dos ediciones más, a razón de 1,04 millones para Nóos cada una.

Y, como en el caso de Valencia Summit, no fue Urdangarin quien firmó el convenio para los Juegos Europeos. Estampó su rúbrica Diego Torres, entonces número dos de Instituto Nóos, luego sucesor de Urdangarin al frente de la ONG y ahora imputado por el juez que investiga dentro del caso Palma Arena los manejos del aristócrata y su socio para 'apoderarse' dice uno de sus autos de fondos públicos.

Los hechos demostraron que los Juegos Europeos eran una carísima quimera. Fuentes políticas valencianas conocedoras de aquel episodio aseguran que sectores del PP presionaron a Camps para que desistiera de la idea y dejase así camino libre a Madrid en su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2016.

Cuando quedó signado, el yerno del rey acababa de abandonar el COE

Hasta la fecha, la Generalitat se ha negado a facilitar a la oposición los acuerdos suscritos con Instituto Nóos. Desde que estalló el escándalo, el Gobierno de Alberto Fabra se ha limitado a repetir que los convenios son legales y fueron validados por la Sindicatura de Cuentas, pese a que el órgano fiscalizador valenciano dijo todo lo contrario y censuró la opacidad aplicada y la vulneración del principio de libre competencia.

Haya o no nexo causal, lo cierto es que, como informó ayer Público, también la candidatura olímpica madrileña pagó al conglomerado Nóos: 144.000 euros fueron a parar, entre 2007 y 2009, a las cuentas de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS) gracias a un convenio sugerido por Urdangarin y Torres al Consistorio madrileño.

Formalmente capitaneada por Diego Torres, la fundación DCIS es la propietaria de la empresa De Goes Center Stakeholder Management SL, a la que los investigadores del caso atribuyen el desvío a cuentas extranjeras opacas de fondos captados por el Instituto Nóos. En 2007, De Goes Center transfirió 50.000 euros a Reino Unido. Lo hizo un día después de que el Instituto Nóos comenzara a enviar a ese mismo país 11 remesas que sumaron 420.000 euros. Quienes siguen el caso sospechan que Londres era el puente en la ruta del dinero hacia una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de Belice.