Diversificar para prosperar sin sospechas. Esa conclusión, que se desprende del informe de Hacienda sobre la trama Nóos y de cuyo contenido viene informando Público, queda reforzada con el ejemplo de Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS). Porque también esa entidad sin aparente ánimo de lucro participó en el reparto de cobros procedentes de la SGAE. Entre 2005 y 2006, el equipo de Teddy Bautista pagó a Instituto Nóos 232.000 euros. Y 296.501 euros a una de las empresas de la trama, Intuit, en el trienio 2008-2010. Justamente en medio se sitúa el pago de 30.000 euros abonado a Fundación DCIS en 2007 y el de otra cantidad idéntica al año siguiente. La fundación no declaró ninguno de esos dos ingresos en su llamado Modelo 347, con el que cada empresa suministra a Hacienda información sobre sus pagos y cobros anuales. Pero la SGAE sí lo hizo.

Pieza secundaria en lo que a negocio económico se refiere, la fundación cobra relevancia porque es propiedad de De Goes Center Stakeholder Management SL. Y esa es la empresa que supuestamente desvió fondos a un paraíso fiscal.

Los más de 588.000 euros pagados en total por la Sociedad General de Autores sitúan a la controvertida gestora de derechos de autor en la parte alta de la tabla del centenar de clientes que permitieron a la trama Nóos ingresar 16 millones en nueve años. Casi el 40% del total facturado procedía de dos administraciones públicas del PP: la Generalitat valenciana y el Govern balear.

De la primera, la ONG de Urdangarin obtuvo 3,5 millones. Y del Ejecutivo del archipiélago, 2,3 millones. Todo acabó en manos de las empresas controladas por Urdangarin y/o su socio Diego Torres. En Balears, el yerno del rey cobró además 294.000 euros sin pantalla de ninguna clase: facturó directamente a través de Nóos Consultoría Estratégica SL, la empresa que compartió al 50% con Torres.

Además del color político, País Valencià y Balears están unidos por un nexo penal: Jaume Matas permanece en libertad bajo fianza de tres millones por el caso Palma Arena, origen de la investigación sobre Nóos y en el que se le atribuyen graves delitos de corrupción. Y su antiguo homólogo valenciano, Francisco Camps, espera en el banquillo a que un jurado popular dictamine si aceptó trajes de la red Gürtel y cometió, por tanto, un delito de soborno en su modalidad más leve, la del cohecho impropio.

El informe de Hacienda fue esencial para que el juez ordenase los registros del 7 de noviembre por cuanto refuerza su aserto sobre cómo Urdangarin y Torres urdieron un entramado societario para 'apoderarse' de fondos públicos. La imputación del marido de Cristina de Borbón se da por segura para comienzos de año.