El Gobierno de Aragón ha ordenado cerrar nueve residencias privadas de ancianos que, según denuncia, deberían haberse clausurado hace años. Fuentes de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social aseguran que cuando el PP llegó al poder, en mayo, se encontró con 25 expedientes de cierre que el anterior Gobierno socialista había dictado pero nunca ejecutó. Las órdenes se dictaron a partir de 2005.

Hasta el momento, el nuevo Gobierno ha ordenado el cierre de los nueve centros que estaban en peor situación. Estaban saturados, sucios, los ancianos estaban mal atendidos y faltaba personal cualificado. En la mayoría de casos se trata de centros ubicados en pisos. 'Había algunas residencias que dejaban a los ancianos solos por la noche', justificó ayer el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Ricardo Oliván. Los centros tienen un año para cerrar sus puertas y reubicar a los ancianos. Además, serán sancionados económicamente.

El cierre afecta a 165 personas mayores. Siete de las residencias que cerrarán están en la provincia de Zaragoza. Las otras dos, en la provincia de Teruel. Fuentes de la Consejería aseguran que los afectados 'no se quedarán en la calle'. Si los centros no los reubican, lo hará el Gobierno autonómico.

En Aragón no hay ni una plaza concertada en residencias privadas, explica el presidente de la Federación de Empresarios de la Dependencia (FED), Alberto Echevarría. Ninguna de las residencias afectadas forma parte de su asociación, cuyos centros tienen centenares de plazas sin ocupar.

Los inspectores continúan examinando otros seis centros que también tenían expedientes de cierre por graves deficiencias. En enero finalizará la revisión y la Consejería decidirá si mantiene la orden de cierre.

Los otros diez expedientes de cierre que había redactado el anterior Ejecutivo se revisarán durante el primer trimestre de 2012. En este caso, se trata de residencias que presentan irregularidades administrativas. La Consejería de Sanidad y Bienestar Social pretende inspeccionar las 300 residencias, públicas y privadas, abiertas en Aragón.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha respondido a las acusaciones del Gobierno del PP asegurando que pedirá explicaciones urgentes en sede parlamentaria y solicitará información a la Consejería sobre la situación actual de las residencias, exigiendo la mayor transparencia. Pretenden evitar alarma social e inquietud a los familiares y a los posibles afectados.