El carácter 'universal' del copago farmacéutico que prevé implantar el Gobierno catalán podría decaer en el trámite parlamentario. Tras el aluvión de críticas recibidas el miércoles y ayer mismo por pretender crear la tasa de un euro por receta sin atender a diferencias por nivel de renta o estado de salud de los pacientes, CiU abrió ayer la puerta a modificar la norma para que PP o ERC apoyen sus presupuestos de 2012. Así lo aseguró ayer el presidente del grupo de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, si bien es cierto que el conseller de Salut, Boi Ruiz, siempre había afirmado que la medida no se aplicaría de igual forma con todos los ciudadanos. En concreto, Pujol afirmó en Ràdio 4 que CiU podría 'aceptar propuestas de otros grupos parlamentarios para dar progresividad a esta medida'. Así, apenas dos días después de presentar la polémica tasa como una medida universal, CiU admitió ayer que aplicar la 'progresividad' tiene 'toda la lógica del mundo'.

La cuestión de la progresividad de la tasa, en cualquier caso, ya surgió en el primer encuentro que mantuvieron representantes de CiU y del PP para sacar adelante las cuentas de 2012. ERC, que también está dispuesta a apoyar los presupuestos, también querría marcarse el tanto de graduar el copago por receta, que tendrá un impacto máximo sobre los ciudadanos de unos 60 euros. En su caso, no obstante, quieren introducir reformas más profundas, lo que supondría excluir también a pensionistas.

Oriol Pujol dice que 'tiene toda la lógica' una tasa progresiva

El Govern catalán asegura que la medida está pensada para limitar la dispensación de medicamentos y evitar el abuso. Pero la realidad, como figura en algunos documentos del presupuesto, es que es una tasa pensada para sufragar la costosa aplicación de la receta electrónica y la historia clínica compartida. Inicialmente, este copago, adicional al ya existente en todo el Sistema Nacional de Salud, que diferencia entre población activa y pasiva, será de un euro por receta y medicamento y servirá a la Generalitat para recaudar 100 millones de euros. Las farmacias serán las responsables de cobrarlo y administrarlo, gestión que será recompensada con un porcentaje. El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, eludió el pasado martes responder sobre el coste de implantación de la tasa.

Sin embargo, según señalan los expertos y refleja la evidencia científica, la aplicación de mecanismos correctores acaba elevando el coste de la gestión de la medida y, por tanto, su eficacia a la hora de ahorrar. De hecho, el tripartito, con Marina Geli como consellera, ya analizó la posibilidad de cobrar por cada visita médica. El coste de implantación y administración, no obstante, frenó su desarrollo.

En esta línea, un informe elaborado por la escuela de negocios Esade hace un año, pese a recomendar un cambio en el actual copago farmacéutico por haber quedado 'obsoleta' la diferenciación entre población activa y pasiva, ya advertía de que los copagos 'son caros de administrar, especialmente cuando se introducen exenciones para no penalizar a las rentas bajas y garantizar la equidad'.

ERC quiere que también se excluya del pago a los pensionistas

Otro informe de la Fundación 1º de Mayo, tras analizar la evidencia científica existente, señala que 'el rendimiento real de los copagos en términos financieros es muy bajo si se cuenta con el coste de la recaudación, el de la proteccióna rentas bajas [mediante exenciones] y el de la protección a grandes usuarios' mediante techos anuales. Así, los ahorrosconseguidos al final, teniendo en cuenta estas consideraciones, 'son fácilmente alcanzables con simples mejoras tributarias o incluso de lucha contra el fraude'. Uno de los autores de este informe, Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), tiene claro que, si finalmente es una medida progresiva según renta y nivel de salud, el copago por receta 'no le va a merecer la pena' al Gobierno de CiU. 'La puesta en marcha de la medida es muy cara si se quiere hacer bien', señala este experto, que cree que, de entrada, habría que gastarse 7,5 millones de euros en modificar las tarjetas sanitarias de los 7,5 millones de catalanes, sin olvidar la 'complejidad' de que el sistema vaya recogiendo los constantes cambios en la renta y la salud de los pacientes.

En esta línea, Luis Oteo, jefe del Departamento de Desarrollo Directivo y Gestión de Servicios Sanitarios de la Escuela Nacional de Salud, consideraba recientemente que cualquier política de copago debe demostrar que tiene ventajas 'que compensen los problemas de equidad que generan' y no suponer, además, 'incrementos en gastos administrativos'. Su colega José Ramón Repullo, jefe de Planificación y Economía de la Salud de la misma institución, advertía esta semana de que la introducción de mecanismos correctores para permitir exenciones a la tasa, como un techo anual de desembolso, supondría tener que atender 'la necesidad de administrar con eficacia' la medida, lo que puede 'salir caro'.

Si se gradúa por renta, la tasa puede salir muy cara, según los expertos

En cualquier caso, las exenciones son clave para mantener la equidad, al menos con copagos elevados. Como destaca Jaume Puig-Junoy, profesor del Departament de Economia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, la evidencia científica indica que los copagos de un importe importante 'reducen de forma moderada el consumo y el gasto en medicamentos'. Sin embargo, los estudios también 'indican de forma concluyente la necesidad de reducir estos copagos o incluso eliminarlos en el caso de las personas en situaciones de elevada pobreza y para tratamientos para enfermedades crónicas, ya que tienen un impacto negativo sobre la adherencia al tratamiento y la salud'.

Asimismo, según Puig-Junoy, en estos colectivos se produce 'un aumento del número de días de hospitalización que resulta en una no reducción o incluso aumento del gasto'.