La política de gestión de centros y casas de acogida para víctimas de violencia de género del Gobierno de Castilla-La Mancha (PP) amenaza con acabar con las organizaciones que, hasta ahora, atendían, protegían y asesoraban a estas mujeres. Uno de los casos más llamativos es el de la Asociación María de Padilla de Toledo, con 14 años de experiencia y referente autonómico en la materia. Este año, el Gobierno regional la ha dejado sin fondos. 'Llevamos un año sin recibir ayudas y el futuro es poco alentador', lamentaba ayer su presidenta, Carmen Fernández, que se reunirá hoy con el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha en busca de alternativas a los 48.000 euros de ayudas públicas anuales que recibían.

Sin embargo, no lo tendrán fácil, sobre todo tras la aprobación el pasado jueves del nuevo sistema de gestión de los centros que, según los trabajadores, supone una 'privatizaión encubierta' de las ayudas. El nuevo sistema sustituirá los convenios por subvenciones por las que los ayuntamientos competirán con 'entidades privadas sin ánimo de lucro'. 'Los ganadores serán los que tengan la oferta más barata y no el mejor servicio', denuncian las organizaciones del sector, que reclaman que, ante todo, 'las maltratadas han de estar protegidas'.

'Las maltratadas han de estar protegidas', reclaman las ONG

Por otro lado, el Grupo Socialista presentará una proposición no de ley ante el pleno de las Cortes autonómicas exigiendo al Gobierno de María Dolores de Cospedal que dé marcha atrás y retire el 'plan de privatización' de hospitales que ha puesto en marcha. Así lo anunció ayer el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Fernando Mora.

Mora mostró su preocupación por el camino de privatizaciones que ha iniciado el Gobierno regional del PP y señaló que 'la sanidad no es una mercancía y la salud no es un negocio, sino un derecho de los ciudadanos'.

La política del Gobierno regional abre la puerta a la privatización

El PSOE recuerda que el plan contempla la privatización de los hospitales de Villarrobledo, Almansa, Manzanares y Tomelloso, lo que supondría una 'precarización del servicio sanitario'. El PSOE reclama también que los hospitales que se están construyendo en Toledo, Guadalajara y Cuenca tengan carácter público.