Tirar la piedra y esconder la mano ha valido al presidente de Asturias y exministro del PP, Francisco Álvarez-Cascos, para eludir la acción de la Justicia. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia contra él por haber acusado a 'una camarilla de la Policía Judicial, instalada en Canillas', de dedicarse a 'preconstituir pruebas' en el caso Gürtel. El fallo afirma que las palabras del político conservador no están dirigidas 'a personas determinadas o determinables', ni en ellas 'se concretan las falsificaciones documentales'. Para cometer un delito de injurias, añade, 'no bastan atribuciones genéricas, vagas o analógicas'.

En las declaraciones de Álvarez-Cascos, realizadas durante una entrevista en Onda Cero en abril de 2010, el exministro de Aznar precisaba que algunos de los integrantes de esa 'camarilla' a la que aludía 'se hicieron famosos falsificando los papeles de Laos', en referencia a la operación de detención y regreso a España del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán. El máximo responsable ahora de la Policía Judicial, el comisario Juan Antonio González, integró el reducido grupo de agentes que participó en esa operación.

La denuncia por calumnias acabó en el Tribunal Supremo después de que Álvarez-Cascos resultará elegido diputado y obtuviera la condición de aforado. Ante su primer instructor, el juez de Madrid Santiago Torres, el político dijo que con sus palabras no se referían a nadie en concreto sino a cualquiera que actúa al 'dictado político', sea cual sea función o desempeño. Igualmente defendió que 'camarilla' no es un término injurioso.