El juez Castro y el fiscal Horrach terminaron su estudio de los documentos intervenidos en el Instituto Nóos y empresas relacionadas a principios de la semana pasada. Por tanto, el juez se disponía a dictar un auto el pasado viernes, día 23 de diciembre, por el cual se citaría a declarar en calidad de imputados a Iñaki Urdangarin y a ocho personas más. Con todo, la Fiscalía Anticorrupción advirtió desde Madrid a Balears de que dicho plan suponía anticiparse al mensaje de Nochebuena del rey, algo que podría interpretarse como una maniobra. El juez y el fiscal decidieron, pues, cambiar la fecha. El auto se daría a conocer el lunes, día 26 de diciembre.

La ofensiva de comunicación de la Casa del Rey comenzó ese mismo viernes 23 y siguió todo el fin de semana. Pero, una vez más, el discurso del rey previsto para la apertura de la X Legislatura, el martes 27 de diciembre, y la decisión de hacer público, el miércoles, día 28, el reparto de la asignación presupuestaria de 8,43 millones a la Casa del Rey aconsejaban posponer el anuncio. Sería, por tanto, el jueves 29. Ni un día después. Y a la tercera, la vencida. No habría más cambios.

La Casa del Rey ha ejecutado un preciso y escrupuloso plan de comunicación

Este paréntesis judicial de casi una semana, entre el 23 y ayer jueves 29 de diciembre, permitió al rey y al príncipe de Asturias, con el asesoramiento legal de José Manuel Romero, conde de Fontao, y el apoyo operativo de Rafael Spottorno, impulsar la ofensiva informativa de demarcación sanitaria respecto a Urdangarin. Va de suyo que este plan aspiraba a cosechar, por el camino, un fuerte respaldo, todos a una, en las Cortes. La operación, pues, fue ejecutada escrupulosamente. El rey, después de todo esto, ya estaba en condiciones, las mejores que se podían imaginar, para afrontar la mala noticia que se avecinaba y de la cual tenía, obvio es, indicios más que suficientes.

El juez Castro es muy cauteloso. La imputación aparece en su auto a través de la convocatoria del yerno del rey a prestar declaración en calidad de imputado para 'facilitar su versión sobre todos aquellos hechos que guarden relación con la génesis de cualquier fórmula negocial por la cual haya sido preceptor de fondos públicos, ejecución de lo convenido, rendición de cuentas, personas que han participado o que hayan devenido beneficiadas por los mismos, así como el destino y tratamiento fiscal que se les haya dado a los fondos recibidos, y los que se deriven; y ello tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Illes Balears como en la Valenciana'.

Balears y el Pais Valencià nutrieron de dinero, aportado mediante contrato, a Urdangarin. Su defensa legal va a sostener que su cliente no engañó a ninguna de las dos administraciones. ¿Y hay alguna duda de que esas administraciones, investigadas a la sazón por otros escándalos de corrupción, sabían bien lo que se hacían? A saber: que aportaban al cepillo implícitamente real que les extendía el yerno del rey. No. Ninguna duda.

En el aplauso rotundo de diputados y senadores al discurso del rey el pasado martes, en esa piña que se hizo, por así decir, hay una complicidad culposa: la conciencia de que dos administraciones autonómicas fueron, dicho en términos gruesos, cooperadoras necesarias en la ejecución de los delitos, caso de que se pruebe su perpetración. Mientras, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, sigue impulsando el traspaso del caso a la Audiencia Nacional. Ismael Moreno, el juez que debe decidir sobre la inhibitoria del juez Castro planteada por la defensa de Jaume Matas, sostenía hasta ahora que el secreto del sumario le hacía depender de lo que dijera la Fiscalía. Si esta hubiese sido favorable a quitarle la causa a Castro, el juez Moreno la hubiese asumido. Pero la primera reacción de la Fiscalía fue contraria. Está pendiente su posición definitiva. Y en ello puede influir el cambio en la Fiscalía General del Estado.

Con todo, el juez Moreno tiene ahora, levantado el secreto sumarial, los elementos para decidir por su cuenta, con independencia de lo que digan los fiscales. Dívar, eso sí, quiere el caso en la Audiencia Nacional.