'La realidad es más dura de lo que pensábamos y las medidas también lo serán'. El Gobierno ha advertido de que la Seguridad Social ha terminado 2011 con un déficit del 0,06%, unos 668 millones de euros, según un informe de la secretaría de estado de Empleo. Ante la 'preocupante' situación de la tesorería de la Seguridad Social por la caída del número de cotizantes, la portavoz del Ejecutivo y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha llamado a la calma a los pensionistas asegurando que todos cobrarán 'sin problemas' pese a que supondrá realizar un esfuerzo que conllevará 'medidas excepcionales'. Ha recordado que ya se han vivido momentos difíciles similares al actual, como en 1996, pero que entonces también el Ejecutivo pagó 'puntualmente'.

En este contexto Sáenz de Santamaría ha aprovechado para cargar contra el Gobierno anterior por haber previsto un superávit del el 0,4% para este año de la Seguridad Social. Ataque pese a admitir que Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social, ya les informó durante el traspaso de poderes de que era muy difícil que se cumpliera el objetivo de superávit.

Tal y como estaba previsto, Sáenz de Santamaría ha vuelto a ser la cara de las malas noticias. Otra semana más el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sigue desaparecido, lo que ha llevado a que la principal cuestión tras las reunión del Consejo de Ministros haya sido saber dónde está y, sobre todo, cuándo comparecerá. Sáenz de Santamaría ha aclarado que no lo hará en el Congreso hasta después de la cumbre europea informal del día 30 de enero. Es decir, tras cinco semanas desde su investidura y otros tantos Consejos de Ministros después. Ni siquiera el haber dirigido un tijeretazo histórico, incluida una subida de impuestos generalizada, es motivo suficiente, según el Ejecutivo, para que dé la cara. Se producirá finalmente en febrero en lo que desde el Gobierno ha calificado de 'comparecencia no demorada en el tiempo'.

Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha sido el de los primeros pasos hacia un recorte del sector público. Y es que, según el Gobierno, son más de 4.000 las empresas que forman parte del 'entramado' de administraciones públicas, lo que obliga a su 'redimensionamiento' hasta dejarlas en poco más de 500. Así, en el próximo Consejo de Política Fiscal se exigirá a las autonomías que supriman 431 entidades públicas. En 2010 se fijó el reto de 500 y apenas se han eliminado 69 (14%), se ha quejado la vicepresidenta del Gobierno.

Se exigirá a las autonomías que supriman 431 entidades públicas

Medidas contra el sector público y de lucha contra el fraude fiscal. Sáenz de Santamaría ha informado de que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, prepara un plan general de control del fraude para 2012 con el que espera recaudar 8.171,7 millones de euros y que supondrá recabar información procedente de Andorra, Bahamas y las Antillas Francesas. Esta cifra contrasta con la obtenida por el ejercicio anterior por parte de la Agencia Tributaria, que ingresó 10.400 millones de euros.

Como nueva medida, el Gobierno va a limitar el pago con dinero en metálico en diferentes actividades para evitar así el pago con dinero negro.

Además, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, remitirá la próxima semana una carta al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la que le exigirá explicaciones sobre las retribuciones fijas y variables de los altos cargos y los consejeros de las entidades financieras intervenidas por el Estado para analizar la puesta en marcha de las medidas que considere oportunas.

Asimismo se ha informado de que el ministro de Industria se va a dirigir al Consejo de Seguridad Nuclear para conocer si es posible prolongar la vida de la central de Garoña. En caso positivo, se someterá al Consejo de Ministros.

La portavoz del Ejecutivo no ha querido adelantar cuál será la primera visita al exterior de Rajoy, y ha recordado que su primer encuentro con un mandatario extranjero será el que mantenga con el presidente francés, Nicolás Sarkozy, el próximo 16 de enero en Moncloa.

El Ejecutivo ha aprobado en su reunión de este viernes el nombramiento de los delegados del Gobierno en seis comunidades autónomas, de forma que, junto con los ya nombrados anteriormente, sólo quedan pendientes los de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

En el País Vasco ha sido nombrado el parlamentario vasco Carlos Urquijo; en Navarra a Carmen Alba, exconcejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona; en Galicia a Samuel Juárez, exconsejero de Medio Rural de la Xunta.

Además, ha designado en Asturias al exalcalde de Oviedo Gabino de Lorenzo como nuevo delegado del Gobierno; en Aragón el elegido es el senador Gustavo Alcalde y en Extremadura el diputado Alejandro Ramírez del Molino.

El primer nombramiento del Ejecutivo fue el de la delegada del Gobierno de Andalucía, Carmen Crespo, dado que el puesto llevaba vacante diez días. Además, en su reunión de la pasada semana aprobó los de Cataluña, Cantabria, La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.