El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy ha visto convalidado su primer gran paquete de recortes en el Congreso, gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta en el hemiciclo y al apoyo de CiU.  El Decreto Ley de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público ha salido adelante con 197 votos a favor, 138 en contra y 4 abstenciones.

Previamente, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, ha defendido el paquete de medidas que se aprobaron en el Consejo de Ministros el pasado de 30 de diciembre. Mariano Rajoy ha preferido seguir manteniéndose en la retaguardia y ha cedido la palabra al ministro pese a que ayer mismo, en una entrevista concedida a la agencia Efe, aseguró que 'daría la cara'. Rajoy aún no ha realizado una comparecencia pública con periodistas desde que fue nombrado presidente del Gobierno.

Montoro ha asegurado que el Gobierno ha subido los impuestos a todos los contribuyentes porque 'España lo necesita' y ha reclamado el 'sacrificio' 'a quienes pueden hacerlo, a quienes tiene renta para hacerlo' y ha defendido en todo momento que el Ejecutivo no ha tenido más remedio que hacer frente 'al agujero negro de los 20.000 millones de euros de déficit' que dejó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de todos los males: 'Tuvieron que ser los servicios técnicos los que advirtieran de la grave situación que estábamos atravesando en términos de déficit', ha señalado.

Montoro ha señalado que la subida del impuesto del IRPF y del IBI son medidas 'ponderadas en términos económicos y sociales' y no afectan ni recaen sobre los sectores más débiles de la sociedad. De hecho, ha presumido de que el Ejecutivo ha rechazado pedir esfuerzos a los autónomos y pequeños empresarios. 'Son decisiones neutrales', ha recalcado Montoro en defensa del decreto ley, que ha calificado de 'equilibrado'.

Montoro ha tirado de la herencia recibida para justificar el tijeretazo: las decisiones económicas tomadas en los últimos años por el gabinete de Rodríguez Zapatero 'no han hecho más que agravar la situación', ha dicho para insistir en que 'el incumplimiento de los objetivos de déficit público en más de 20.000 millones de euros ha supuesto una desviación del que era nuestro objetivo inicial'. Incluso ha llegado a acusar al anterior Ejecutivo de 'falsear' las cuentas.

Ante esta situación Montoro ha defendido en el Congreso de los Diputados que el Gobierno de Rajoy reaccionó con una 'subida temporal y excepcional' de impuestos. El titular de Hacienda ha recordado en varias ocasiones esta temporalidad y excepcionalidad de la subida impositiva. Y ha prometido que volverán a bajar 'una vez se ponga en marcha el crecimiento creador de empleo'.

'No nos hubiera gustado subir los impuestos, pero el interés general así lo requiere''No nos hubiera gustado (subir los impuestos), pero el interés general así lo requiere', ha dicho Montoro, quien ha cifrado el recargo medio del alza del IRPF en 52 euros al año para las rentas de hasta 17.700 euros, y de 180 euros anuales, para aquellas de hasta 33.000 euros.

Según Montoro, que ha abogado por 'dejar a un lado las ideologías' y 'altura' en el debate político, se ha sido 'muy selectivo' a la hora de fijar la categoría de impuestos para lograr reactivar la economía. 'Hemos descartado aquellos impuestos que caen sobre el consumo y sobre las capas sociales que más han sufrido en esta crisis', ha explicado.

Montoro ha señalado que se trata de decisiones que deben cortar 'de raíz' la crisis económica y ha cifrado en 15.189 millones de euros la reducción del gasto necesario para hacer frente a la 'peor y más larga crisis de la historia'.

En la réplica a las explicaciones del Gobierno, José Antonio Alonso, portavoz parlamentario del PSOE, ha recordado que el PP conocía y tenía todos los datos acerca de la 'senda del ajuste fiscal' antes de las elecciones. 'Consumaron un engaño objetivo', ha manifestado Alonso, quien ha insistido en que el PP conocía las cifras del déficit y las medidas que iban a tomar para combatirlo.

Alonso ha argumentado el voto en contra del grupo socialista porque se trata de unas 'medidas injustas, porque penalizan a las rentas medias, bajas y a las del trabajo' y suponen 'unos recortes tremendos' que tan solo servirán para segmentar a la sociedad y hacerla 'más desigual y menos equitativa'. Además, ha tachado de 'disparatada' la segmentación del IBI.

Ante la actitud del nuevo Gobierno, Alonso ha recordado que en siste años de Ejecutivo socialista 'las pensiones subieron más que nunca en España' y que jamás 'se tocaron los servicios básicos ni las prestaciones por desempleo'.

El ministro Montoro ha respondido haciendo un simil para justificar las medidas que se han tomado: 'No es lo mismo estar dentro de las máquinas que fuera'. Por lo que le ha insistido a Alonso que fue el anterior Gobierno el que no facilitó las verdaderas cuentas cuando estaban 'dentro de las máquinas'.

El titular de Hacienda, además, ha aprovechado la ocasión para echar en cara al anterior Gobierno que 'el deterioro de la imagen de España -como la crisis y el paro- está ahí delante'. Y se ha jactado de que el Ejecutivo de Rajoy ha tomado medidas que 'no tocan un ápice a ningún derecho social', pese a rebajar la tasa de reposición de funcionarios de servicios básicos a tan solo el 10%.

Rotundamente en contra del decreto se ha mostrado también IU. Cayo Lara ha reiterado que el tijeretazo aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de diciembre 'no soluciona la crisis' y ha lamentado que dentro de seis meses Rajoy vuelva a pedir nuevos sacrificios. A su vez, el líder de Izquierda Unida cree que el PP ha dado un 'golpe de mercado'.

Lara ha aseverado que el ajuste no resuelve el déficit público y ha dicho que la crisis no puede ser excusa para atacar lo público, que es 'atacar a la democracia', y ha asegurado que no ayudará a crear empleo ni estimular la economía. 'La banca siempre gana y los altos directivos más', ha atajado, tras criticar la modificación del IBI que en su opinión debería haberse realizado en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias.

Asimismo, ha lamentado que no se modifique el tratamiento legal de las SICAV y el nuevo plan de fraude fiscal, y ha propuesto que se limite a 1.000 euros todos los pagos en efectivo.

El que sí ha dado su apoyo al decreto ha sido CiU por 'coherencia política y rigor económico' ante la profunda crisis económica. Su portavoz Josep Sánchez Llibre ha asegurado que se trata de una decisión de 'coraje político' ante la delicada situación económica del país, pese a que no comparte la subida del IRPF.

Ha explicado que CiU tiene una concepción diferente sobre el aumento del IRPF durante dos años, que 'no tiene sentido' cuando algunas comunidades ya han aumentado las tasas, y ha confiado en que se trate de una medida transitoria y excepcional. No obstante, ha señalado que el gobierno catalán aplicará este incremento, 'el más importante desde la democracia', y que en su opinión penaliza a todas las rentas del trabajo.

Sánchez Llibre ha apelado al rigor presupuestario y a la coherencia política para superar la crisis económica y reducir el déficit público, y ha compartido la necesidad de congelar sueldos y plantillas en el sector público.