La oposición en bloque, desde la derecha nacionalista hasta las izquierdas minoritarias, mostró su rechazo a la pretensión alumbrada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de 'exigir responsabilidades penales' a los gestores públicos que incumplan los Presupuestos.

'Los gestores públicos, cuando cometen un delito o una irregularidad, están siempre sometidos a las leyes y a la Justicia en un Estado de derecho como el nuestro', recordó el exvicepresidente Manuel Chaves, abogando por la fórmula 'lógica' en un Estado de derecho: 'El que comete un delito, a la Justicia y las responsabilidades políticas, en el Parlamento'.

'Falsear la contabilidad pública es un delito, por lo tanto, cualquier falseamiento de la contabilidad pública es una infracción penal', coincidió el presidente andaluz, José Antonio Griñán. Los socialistas aplicaron al PP el nuevo rasero postulado por Montoro y se preguntaron si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, comenzará aplicándose a sí mismo el nuevo delito penal. En un argumentario remitido a sus dirigentes, el PSOE emplazó al Gobierno a explicar 'seriamente' el alcance de la propuesta y aclarar si, tal y como pidió el presidente extremeño, José Antonio Monago, se va a aplicar con carácter retroactivo.

'Muchos compañeros de su partido [el PP] tendrán que dar muchas respuestas con esta medida, porque han administrado muy mal muchas comunidades autónomas que todos tenemos en mente', apostilló en esa línea el primer secretario del PSC, Pere Navarro.

En Catalunya, el conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, sorteó la cuestión 'hasta conocer los detalles'. 'Mi propensión natural siempre sería buscar mecanismos más tradicionales, los legales habituales', despejó. 'Suena muy fuerte, y no creo que se deba hacer de momento', se unió desde el PNV su portavoz en materia económica, Pedro Azpiazu.

Para el diputado de IU Gaspar Llamazares, el 'todos a la cárcel' que propone el ministro, según ironizó evocando a Luis García Berlanga, 'es la locura', porque 'no es la forma de funcionar en un Estado de derecho'. 'La responsabilidad de los gobernantes es con sus votantes', resolvió Llamazares, que instó a Montoro a centrarse en 'garantizar que funcione bien la Hacienda Pública'.

'Si el Gobierno quiere perseguir penalmente a gestores, tiene a muchos representantes del PP que han hecho un uso absolutamente inadecuado de los recursos públicos como ha sucedido en el País Valenciá y el Ayuntamiento de Madrid', sentenció el presidente de ERC, Oriol Junqueras, invitando a los conservadores a ser 'los primeros en aplicarse la medicina' recetada por Montoro.