'La única razón de Estado que entiendo y comprendo es la razón democrática de los ciudadanos. Aquí no ha habido razón de Estado. Como decía Willy Brandt: Abrir la puerta a una injusticia es dejarla abierta para todas las que le siguen'. Con estas palabras Baltasar Garzón trató, en el turno de la última palabra que se concede a los acusados, de dar su réplica a los informes en los que las acusaciones pedían hasta 17 años de inhabilitación para el magistrado.

Y lo hizo con el margen que le concedió el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, quien le recordó que el trámite debía de ser breve y no está pensado para dirigirse a los abogados que ejercen la acusación. Garzón se disculpó por haber citado a José Antonio Choclán, el letrado de Francisco Correa, considerado el cabecilla de la Gürtel, que en su informe había hablado de Voltaire para decir que 'la razón de Estado es la excusa de los tiranos'.

A juicio de este abogado, esa razón de Estado es 'la continua referencia del acusado a la organización criminal investigada' y supone aceptar que el fin justifica los medios. La refe-rencia hace rememorar uno de los procesos que ha contribuido a la fama de la que goza Garzón: los GAL.

El magistrado utilizó su 'última' intervención 'ante un tribunal español en este caso' dijo, como si presagiara que será condenado, para reivindicar su 'derecho a la inocencia' y asumir 'todas y cada una de las decisiones' que adoptó 'reflexivamente' en los 23 años de una carrera de 31 que ha estado en la Audiencia Nacional.

Insistió, claro, en la clave del caso: el derecho de defensa. Aseguró que durante la instrucción de la Gürtel 'en ningún caso se violentó o lesionó', sino que 'se protegió', en ejercicio de su independencia judicial conciliando los derechos fundamentales en juego. Y se quejó de que las acusaciones consideraran una prueba más del delito continuado de prevaricación por el que piden su condena el auto en el que acordó el expurgo de las conversaciones.

Las acusaciones sostienen que la mera escucha vulneró sus derechos

Las acusaciones destacaron en sus informes que Garzón no era garante del derecho de defensa, que se había visto vulnerado por la mera escucha que él mismo ordenó, pero es que, además, basándose en el testimonio del funcionario de su juzgado que declaró el miércoles, criticaron que acabó delegando esa labor en la Fiscalía.

El acusado aseveró que la Constitución española concede esa obligación al juez, y recordó el funcionamiento habitual de un juzgado: 'Un juez no puede prescindir del fiscal, y más cuando la causa está secreta, aunque puedan discrepar'. Por si alguien dudaba de quién fue responsable de lo ocurrido, aseguró: 'El expurgo (la eliminación de las conversaciones que afectasen al derecho de defensa) fue controlado por mí mismo, con la colaboración del Ministerio Fiscal'.

El juez, que al quedar el juicio visto para sentencia se mostró satisfecho porque cree que 'se ha acreditado lo que pasó y no lo que dicen que pasó', hizo suyos los argumentos con los que su defensa había solicitado su absolución, pero también los de los fiscales de Sala del Supremo Antolín Herrero y Pilar Fernández Valcárcel, que compartieron el informe de conclusiones.

El primero en intervenir fue Herrero, quien lamentó que las acusaciones 'tengan tantas dudas sobre las instituciones del Estado de derecho', porque habían criticado a la Fiscalía, Instituciones Penitenciarias, Policía...

Explicó que, aunque Garzón citara el Reglamento Penitenciario para acordar la medida, porque los imputados escuchados estaban presos, el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé hacerlo, porque el sistema de comu-nicación en prisión entre abogado y cliente 'no puede convertirse en una inmunidad de la toga'. Y como las escuchas se acuerdan sobre las comunicaciones de los imputados es respecto a ellos sobre los que tiene que haber indicios previos, no es necesario que los haya respecto a los letrados.

Su compañera, tras explicar que la situación no está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, citó los casos de Marta del Castillo y de Pablo Vioque, en los que también se acordó la intervención de las comunicaciones de los presos, sin que hubiera polémica y mucho menos se acusara al instructor de prevaricación.

Los ejemplos son importantes, porque para que se dé ese delito no debe existir debate jurídico y debe estarse ante una resolución 'irrazonable a todas luces'. Por eso Fernández Valcárcel se preguntó si, 'sin olvidar el mar' que envuelve la causa en referencia al caso Gürtel y la especial prevención de los delitos de blanqueo que establecen los convenios internacionales, se puede decir que los autos de Garzón son 'jurídicamente irrazonables a todas luces'.

La Fiscalía apela al debate jurídico y a otros casos para negar la prevaricación

La defensa de Garzón, que ejerce el penalista con 50 años de experiencia Francisco Baena Bocanegra, enumeró las razones por las que este caso es 'singular'. Citó que el Supremo no ha estudiado un caso semejante, pero, además, de febrero a octubre de 2009, se admitieron tres querellas contra el mismo juez y la que ahora se juzga se basa en 'un concepto desmesurado' del derecho de defensa que vetaría cualquier grabación de las conversaciones abogado-preso. Señaló que se trata de un 'tema controvertido', en el que todos saben que 'el pie que cojea es la ley'.

Para las acusaciones, en cambio, no existe justificación para acordar la intervención. El primero en intervenir fue el querellante, Ignacio Peláez. 'No hace falta expurgo. No tenía que haber escuchado. A mí no se me tenía que haber escuchado nada, porque yo tengo un derecho fundamental a no ser escuchado cuando hablo con un cliente', reclamó.

Pidió que Garzón sea inhabilitado por diez años y que la sentencia 'dé amparo' a los abogados y establezca 'los límites de qué se puede hacer en una investigación penal'.

Choclán, que eleva su petición a 17 años, sostuvo que la orden de Garzón fue 'un cheque en blanco' para investigar a todos los abogados por el mero hecho de serlo, al presuponer que todos 'son corruptos'. Explicó que hubo prevaricación, porque la decisión de Garzón 'hace temblar los cimientos del Estado de derecho', al atribuirse la capacidad de limitar derechos fundamentales que lo que hacen es limitar la actuación de los jueces.

Pablo Rodríguez Mourullo, en nombre de Pablo Crespo, que pide 15 años, señaló que 'la única manera de preservar el derecho de defensa es no escuchando ni un solo segundo de comunicación entre letrado y abogado.'

Garzón se despidió del Supremo hasta el martes, cuando empezará su segundo juicio, el de la memoria histórica. 'Es la hora del tribunal', dijo a la salida.