'La gran conspiración del mundo mundial, conspirado y aliado para perjudicar a los acusados, es un disparate que repugna al sentido común y la razón'. Es una de las frases con las que ayer Virgilio Latorre, el abogado de la acusación popular (ejercida por el PSOE), desmontó la tesis que la defensa de Francisco Camps ha manejado durante todo el juicio: que su proceso penal es fruto de un montaje destinado a perjudicarlo.

El abogado del expresident valenciano, Javier Boix, ha vertido durante toda la vista oral que comenzó el 12 de diciembre afirmaciones sobre la poca credibilidad de los documentos que inculpan a su cliente. Además, ha insinuado en repetidas ocasiones que habría sido José Tomás, el director comercial de las tiendas y principal testigo de la causa, el que habría orquestado con la trama Gürtel un sistema de falsificación de facturas.

Otro elemento de la supuesta conjura sería la Fiscalía Anticorrupción. El propio Camps, durante su declaración como acusado, culpó a las fiscales presentes en la sala de ser 'las responsables de lo que está pasando aquí'. Boix, por su parte, afirmó que las dos representantes del Ministerio Público pidieron informes complementarios que no habrían pedido en cualquier otro caso. La teoría de la conspiración tiene, además, su raíz fuera del juicio: durante dos años y medio los que han pasado desde que estalló el escándalo en los que máximos dirigentes del PP han descalificado la investigación del caso Gürtel y acusado a la Fiscalía de actuar al dictado del anterior Gobierno socialista.

El juicio de los trajes, que hoy llega a su fin, ha aportado un inmenso caudal de evidencias que incriminan al expresident valenciano y que muestran que Camps cometió presuntamente un delito de cohecho al aceptar miles de euros en prendas de ropa a medida como regalo de la trama corrupta. La acusación popular conjugó ayer todas estas pruebas para demostrar al jurado que las acusaciones vertidas por el PP hacia el proceso fueron una estrategia para proteger a sus altos cargos imputados, entre los cuales Camps era el que ocupaba el cargo político de mayor rango.

Latorre se dedicó a repasar las pruebas documentales, y a demostrar la conexión entre los tickets y facturas aportados por las tiendas de ropa, los pedidos enviados por la fábrica que elaboró los trajes, las transferencias y cheques que los bancos hicieron llegar al juzgado y las anotaciones de la contabilidad 'b' de la trama corrupta. Todos los documentos muestran que, según Latorre, 'fue la trama la que pagó la ropa' de Camps y su compañero de banquillo, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, una conclusión que fue corroborada por los empleados de las tiendas.

Latorre también destacó que las grabaciones telefónicas escuchadas durante el jucio evidenciaron la estrecha amistad existente entre el cabecilla de la red en Valencia, Álvaro Pérez y Camps. Durante el juicio, además, varios policías y peritos de Hacienda aportaron datos incriminatorios contra Camps.

Latorre criticó ante el jurado el 'disparate' de la tesis del montaje que maneja la defensa: 'Milano () y Forever Young (las tiendas de ropa) se habrían concertado para llevar a cabo todo un proceso para perjudicar a los acusados. A su vez, todos ellos se habrían concertado con la Fiscalía, con la Brigada Antiblanqueo, con los bancos...', enumeró Latorre. Mientras, Camps, desde el banquillo, asentía vehementemente con la cabeza tras cada supuesto conjurado y afirmaba 'así es'. Latorre, por su parte, ajeno a los gestos del acusado, concluyó su exposición: 'Es que eso no resiste el más mínimo dintel de inteligencia'.