Apenas dos días después de que 148 organizaciones sociales reclamaran el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la Generalitat de Catalunya y varios partidos políticos exigieron este viernes al Gobierno que afronte una regulación de estas instalaciones para ofrecer más garantías jurídicas a los internos. En concreto, el director general de Inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, reclamó al Ejecutivo de Mariano Rajoy que desarrolle el reglamento que fije las normas de funcionamiento de los CIE, que 'lleva tres años de retraso', y ponga a estas instalaciones bajo la tutela judicial. El responsable de Inmigración aseguró que la situación es 'triste' y que 'parece ser que [los imigrantes] no reciben' el trato humanitario al que toda persona tiene derecho.

Por su parte, varios partidos con presencia en el Congreso apoyaron la petición de Bosch. 'Esa regulación ya debería estar hecha', admitió la portavoz de Inmigración del PSOE, Esperança Esteve, en un alarde de autocrítica. 'No es nada nuevo lo que pide la Generalitat, ya que la Ley de Extranjería que aprobamos a finales de 2009 ya prevé la regulación específica de los CIE', afirmó la diputada, que añadió: 'Me consta que el anterior Gobierno estuvo trabajando en desarrollar ese reglamento'.

La Generalitat catalana, PSOE, CC, IU, ERC y Compromís piden una regulación

'Nosotros hemos sufrido el desbordamiento de los CIE hace años, sabemos lo que es, y siempre hemos sido muy garantistas de los derechos de los internos', explicó por su parte Ana Orantes, portavoz de Coalición Canaria, que también apoya la regulación de los centros. 'No puede limitarse, por ejemplo, la entrada a los abogados y a las ONG', afirmó.

'Las ONG y entidades como CEAR deberían participar en el debate que las autoridades responsables deberían abrir para mejorar la atención a los inmigrantes', apuntaron también fuentes de la Coalició Compromís-Equo. 'Estamos en contra de la brutalidad y el hacinamiento', agregaron. En IU fueron incluso más allá: 'Siempre hemos estado en contra de la permanencia de los CIE, pero llevamos años predicando en el desierto'. 'Son un foco de discriminación en los que tratan a los inmigrantes como delincuentes y por ello pronto volveremos a iniciar el debate', anunciaron desde la formación de izquierdas.

El Ejecutivo asegura que estos centros sólo están al 67% de su capacidad

Por parte del Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó este viernes que el Ejecutivo estudiará los 'problemas' de estos centros, y en concreto si se está produciendo 'hacinamiento' u 'otro tipo de condiciones que indudablemente habrá que mejorar para evitar que se vuelva a producir algún desgraciado suceso' como la muerte, el pasado 5 de enero, en el CIE de Barcelona, del joven guineano Idrissa Diallo. La vicepresidenta aseguró tras el Consejo de Ministros que hay una investigación en marcha para esclarecer ese suceso.

En cuanto al hacinamiento, la vicepresidenta subrayó que, según datos oficiales, los niveles de ocupación de los CIE a lo largo del año pasado fueron de un 67%. El dato sorprende ante resoluciones como las del Síndic de Greuges el defensor del pueblo en Catalunya Rafael Ribó y el auto del juez Ramiro García de Dios, que criticaban el hacinamiento que se daba en los CIE de la Zona Franca (Barcelona) y de Aluche (Madrid). El juez remar-caba en un auto a finales del mes pasado que el hacinamiento y la falta de una enfermería hacen propagarse con facilidad enfermedades como la meningitis, que causó la muerte de una interna congoleña en el CIE madrileño. Para Cristina Fernández, del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, la única explicación posible al dato expuesto por la vicepresidenta es una notable reducción del número de internos en los CIE de Canarias, que tienen una gran capacidad, y han visto la cantidad de internamientos reducida con la caída de la inmigración. Fernández cuenta que el pasado 28 de septiembre, cuando visitó el CIE de la Zona Franca en la visita organizada por Migreurop, había 202 internos la capacidad del centro es de 226, lo que representa casi un 90% de ocupación.

Por otro lado, este viernes al mediodía cerca de 70 personas representantes de ERC y ICV-EUiA entre ellos se manifestaron ante la Delegación del Gobierno en Barcelona para entregar el manifiesto presentado el pasado miércoles en Barcelona, firmado por 148 entidades, para exigir el cierre de los CIE. Este viernes la cifra ascendía a 160. Cuatro portavoces de las entidades promotoras del texto solicitaron una reunión con la nueva delegada y ahora esperan respuesta. Los manifestantes llenaron la calle de razones para el cierre del CIE que recogen desde el martes en Twitter bajo la etiqueta #RazonesCIErre. Asimismo, tanto Xavier Bosch como los manifestantes se alegraron este viernes de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) prevea asignar dos jueces de vigilancia al CIE de la Zona Franca, como ya pasa en Madrid o Valencia.

Cristina Fernández explicó este viernes a este diario el cambio en las condiciones que ha habido en otros CIE gracias a la designación. Los jueces pueden dictar autos que, ante la ausencia de normativa, impongan cierta regulación. En Madrid y Valencia los jueces han reservado un horario para que las enti-dades sociales puedan visitar los internos. Una medida aprobada en Madrid ha obligado a instalar interfonos en las celdas, ya que, durante la noche 'los internos tenían que pedir a gritos poder ir al lavabo', explica Fernández, que añade que es 'una medida muy simple, pero muy importante'.

Aunque valora positivamente la designación de los jueces, Fernández remarca que lo que quieren es el cierre de todos los CIE: 'No nos vale que cierren el de aquí y trasladen a los detenidos a otro centro'.