Hace más de año y medio, la representación legal de Baltasar Garzón presentó su escrito de defensa. En él pedía su absolución, por no haber cometido delito alguno al haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo. Hoy planteará, ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que le juzgarán por esta causa, las cuestiones previas que anunciaba en ese documento. La declaración del juez está prevista para el próximo día 31.

La principal es clave, porque, en el poco probable caso de que fuera estimada, supondría la suspensión de la vista oral. Es la falta de legitimidad de la acusación popular, que ejercen, bajo una única representación, el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, también de corte ultraconservador.

El magistrado esgrime que Varela dio consejos a Manos Limpias

Pese al excesivo tiempo transcurrido desde que se calificaron los hechos hasta que se va a celebrar el juicio (tanto, que hasta que se ha adelantado el de las escuchas de la Gürtel), las cuestiones previas anunciadas entonces por la defensa están en pleno vigor, porque todas ellas fueron rechazadas por la Sala de lo Penal del Supremo en los recursos presentados durante la instrucción.

La defensa, que en esta causa ejerce Gonzalo Martínez-Fresneda, plantea que debe ser anulado todo lo actuado desde que el instructor de la causa, el magistrado Luciano Varela, dictó el auto en el que corregía los escritos de acusación presentados por Manos Limpias y por Falange Española de las JONS (que finalmente quedó fuera del procedimiento al presentar su escrito rectificado fuera del segundo plazo concedido).

Alega que el pseudo- sindicato no basta para abrir juicio oral por la doctrina Botín'

El abogado de Garzón sostiene que los escritos originales de ambas partes deberían haber sido rechazados, por no ser válidos, lo que habría supuesto el fin automático de la causa, al no existir otra acusación, ya que la Fiscalía siempre ha defendido que Garzón debe ser absuelto, porque no prevaricó. Esta actuación de Varela fue en la que se basó la primera recusación presentada contra dicho magistrado que fue rechazada.

Pero aunque fue corregido, el escrito de Manos Limpias, en el que solicita 20 años de inhabilitación para Garzón por prevaricación, es 'impreciso, vago e insuficiente', lo que vulnera el derecho fundamental a conocer la acusación formulada.

Pero es que, además, la acción popular la ejercen dos organizaciones 'que no han resultado ofendidas o perjudicadas' por la supuesta prevaricación, lo que casa mal con la doctrina Botín, establecida por el propio Supremo y que declara que en el procedimiento abreviado no se puede abrir juicio oral a petición de la acusación popular si no lo hace el perjudicado directo del delito.

Sostiene que no hubo perjudicados con sus autos en la Audiencia Nacional

El caso Atutxa no sería aplicable, según la defensa, porque el delito de desobediencia por el que se condenó al expresidente del Parlamento vasco, 'carece, por definición, de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular'. Con la prevaricación ocurre lo contrario; la práctica habitual es que sólo quien se siente ofendido presenta una querella.

En el procedimiento seguido contra Garzón por declararse competente para investigar el franquismo no ha habido perjuicio alguno para ninguna persona, porque nadie se ha personado en esa condición. De ahí que la defensa sostenga que no se debió abrir juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional.

Durante la instrucción, además, se han rechazado la mayoría de las pruebas solicitadas por Garzón. Entre ellas, el testimonio de una quincena de juristas extranjeros especializados en la aplicación de la justicia universal. Uno de ellos es Hugo Relva, consejero jurídico del Secretariado de Internacional de Amnistía Internacional, que asistirá hoy como observador a la primera sesión del juicio.

También lo harán Reed Brody, de Human Rights, y Pedro Nikken, presidente de la Comisión Internacional de Juristas. Todos ellos fueron ayer muy críticos con el proceso del Supremo, que calificaron de 'escandaloso' e 'inaceptable'. En su opinión, estos juicios son incompatibles con la independencia judicial.