La presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, tendrá que justificar ante los tribunales sus acusaciones de espionaje contra el PSOE. Detectives Almirante, la compañía que fue contratada por un funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real para elaborar una investigación de los conservadores del municipio, ha presentado una demanda contra la propia Cospedal, contra la alcaldesa de la ciudad, Rosa Romero, y contra el portavoz del PP en el consistorio, Francisco Cañizares, a quienes acusa de haber dañado su honor por vincularle con los socialistas.

El 27 de enero de 2011, la secretaria general de los conservadores aseguró en un acto de partido que el PSOE castellano-manchego había contratado 'detectives privados para seguir a dirigentes populares'. Afirmó conocer 'muchos ejemplos' de esas acusaciones, que ratificaron Romero y Cañizares, y se preguntó si el dinero provendría del entonces Gobierno regional, liderado por el socialista José María Barreda. A pesar de que, en ese momento, apuntó que disponía de 'pruebas' que justificaban sus palabras, a los pocos días redujo esas pruebas a 'indicios'.

En su escrito, la representación de Detectives Almirante recuerda que sus clientes fueron contratados por Jesús Manuel Rubio, un funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real, 'con el fin de investigar para su aportación' una demanda por acoso laboral. Considerando que los demandados cometieron 'una intromisión ilegítima en el honor del demandante', exige para todos ellos una condena de 100.000 euros.