Los integrantes del Movimiento 15-M de Madrid nunca han pedido permiso a las autoridades para celebrar su asamblea general de cada domingo en la Puerta del Sol de la capital. Y no parecen estar dispuestos a hacerlo a pesar de que la nueva delegada del Gobierno en la comunidad, Cristina Cifuentes (PP), ha avisado de que los indignados tendrán que notificar a esta institución su voluntad de reunirse en esa plaza en aplicación del artículo 21.2 de la Constitución española y el 8 de la Ley Orgánica 9/1983 sobre el derecho de reunión.

De hecho, en la cita del pasado domingo, agentes de la Policía Nacional se acercaron a las personas que se preparaban para celebrar la asamblea y les advirtieron de que en la próxima ocasión deberían comunicar a la Delegación del Gobierno la celebración de la asamblea si no querían enfren-tarse a posibles multas.

Los agentes también les comunicaron que, según la normativa municipal, es 'ilegal' utilizar en una plaza pública un equipo electrógeno de megafonía.

Para Pablo Acosta, integrante del 15-M, estas medidas tienen un fin 'disuasorio' e 'intimidatorio', y fuentes de la asamblea aseguran que la posibilidad de comunicar a las autoridades la celebración de asambleas 'es algo que se debate, pero que no entra dentro de la línea de pensamiento del 15-M'.

No obstante, varias asambleas de barrio están difundiendo de forma masiva la convocatoria del próximo domingo con el objetivo, dicen, de demostrar a las autoridades que el de reunión es un derecho 'inalienable' al que 'no se puede renunciar'.