La Fiscalía General del Estado ha despachado en siete líneas la denuncia interpuesta contra la Real Academia de la Historia (RAH) y los autores de varias entradas del Diccionario Biográfico Español. El Ministerio Público, que no ha entrado en el fondo del asunto, se limita a trasladar la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid al entender que corresponde a ese órgano fiscal la investigación sobre los hechos. En su escueta resolución, y después de tardar seis meses en pronunciarse, el fiscal Pedro Crespo alude solamente a una cuestión de competencia 'por razón del lugar de producción de los hechos'.

La decisión de la Fiscalía General del Estado se produce después de que la Fiscalía Superior de Andalucía resolviera abrir diligencias de investigación penal y remitir al citado órgano la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos y suscrita por más de 800 personas, al considerar que los hechos excedían 'completamente de su ámbito de actuación, por cuanto afectan a todo el Estado'. El catedrático de Lengua de la Universidad de Granada Emilio García Wiedemann, en representación de los denunciantes, ha señalado que la Fiscalía General del Estado ha tardado demasiado en pronunciarse.

'No se entiende esta tardanza en un decisión tan simple', se queja el representante de los denunciantes'No se entiende esta tardanza en un decisión tan simple ni que el Ministerio Público haya agotado el plazo de investigación para al final no entrar en el fondo de un asunto de la importancia y envergadura que tiene la denuncia', ha afirmado. A su juicio, además, la dilación puede afectar al derecho a la tutela judicial efectiva del denunciante'. Ahora, el colectivo 'espera que el órgano fiscal designado se pronuncie sobre el fondo del asunto en un plazo razonable'.

Wiedemann ha destacado la nefasta coincidencia de la decisión de la Fiscalía General del Estado con el juicio al que se enfrenta el magistrado Baltasar Garzón precisamente por abrir la causa contra el franquismo. 'Parece que la Fiscalía, que ha hecho una defensa de la inocencia del juez, no tiene el mismo interés por investigar a quienes podrían fácilmente alinearse con quienes persiguen al magistrado', ha añadido.

La denuncia contra la Real Academia de la Historia y contra los autores de varias entradas del Diccionario Biográfico Español fue interpuesta el pasado 19 de julio ante la Fiscalía Superior de Andalucía. En su escrito, el colectivo entendía que los textos del Diccionario Biográfico Español no podían ampararse en la libertad de expresión, información o cátedra y consideraba que 'podían constituir un delito', de acuerdo con el artículo 510 del Código penal, que, en su apartado segundo, 'castiga a los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupo o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias'.

La denunciaba se basaba en los artículos 510 y 607 del Código PenalLos denunciantes también aludían al artículo 607, apartado segundo, del Código Penal, que 'sanciona la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de distintas formas de genocidio'. En su denuncia, la plataforma ciudadana solicitaba que se abriera una investigación para exigir responsabilidades a los dirigentes de la Real Academia de la Historia y autores de determinadas entradas del Diccionario Biográfico Español, que han difundido informaciones injuriosas sobre el golpe de Estado de 1936 y sus consecuencias, falseando la verdad, con el ánimo de rehabilitar las figuras de los sublevados y justificar el genocidio franquista.

Además, los denunciantes señalaban que la Real Academia de la Historia, valiéndose de subvenciones públicas, había promovido y difundido un documento de consulta muy importante con unos fines claramente manipuladores e injuriosos, pedían la devolución de los 5,8 millones de euros que recibió para financiar la obra y el secuestro de la publicación.