El Gobierno vasco denunció ayer 'graves irregularidades' en, 'al menos', una quincena de adjudicaciones a empresas informáticas realizadas por el Departamento de Justicia, entre 2000 y 2009, cuando estaba dirigido por Joseba Azkarraga (EA). El Ejecutivo de Patxi López acordó enviar a la Fiscalía la documentación en su poder para que determine si existió una 'conducta delictiva'. El montante total de los contratos supera los 23 millones de euros.

Según informó la portavoz del Ejecutivo vasco y actual consejera de Justicia, la socialista Idoia Mendia, al término del Consejo de Gobierno de los martes, todas las empresas que recibieron las adjudicaciones analizadas cobraron 'íntegramente' los trabajos, pero ninguna de ellas los cumplió 'en su totalidad'. 'Algunos de ellos ni siquiera se han iniciado. Es decir, con dinero público se han pagado sistemáticamente trabajos no realizados', afirmó.

Los datos recabados por el Gobierno vasco forman parte de dos auditorías, una interna y otra externa. Además, según Mendia, las empresas adjudicatarias han reconocido, en las reuniones mantenidas tras la apertura de la investigación 'la falta de ejecución de muchos de los trabajos contratados y su cobro íntegro'. También se han comprometido a acabar ahora los servicios adjudicados.

Según los datos revelados por el Gobierno vasco, en la quincena de expedientes investigados se constata también que 'muchas de las aplicaciones informáticas' fueron contratadas y pagadas 'varias veces, bien en sucesivos contratos, bien a través de facturas emitidas por conceptos ya recogidos en expedientes anteriores'.

Para el Ejecutivo vasco, también resulta llamativo el 'escasísimo plazo (de hasta 16 días)' fijado para la ejecución de algunos de los trabajos ahora investigados. Estos cortos plazos pondrían en evidencia, según la portavoz y actual consejera de Justicia, dos posibilidades: la primera es que en algunos casos la empresa en cuestión 'sabía de antemano que iba a ser la adjudicataria y había anticipado el trabajo', y la segunda sería que ni la empresa ni el Departamento vasco de Justicia pensaban 'realizar lo contratado, por lo que dicha contratación no era sino una mera justificación para obtener financiación'.

El portavoz del Gobierno vasco rehusó ayer revelar el nombre de la persona, o personas, que firmó dichas adjudicaciones, ni las empresas contratadas: 'No voy a dar nombres. No creo que fuera prudente por mi parte señalar a nadie [...]. Los datos se los doy a la Fiscalía, que es a la que se los tengo que dar'.