Los beneficios que obtuvo la trama Gürtel por la visita del papa a Valencia en el verano de 2006 dejan ya un saldo judicial de 11 imputados, entre ellos el considerado número dos de la red, Pablo Crespo, y uno de los supuestos arquitectos financieros de la misma, el abogado y expresidente de Repsol José Ramón Blanco Balín. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó este miércoles un auto por el que los acusa formalmente de uno o más delitos contra la Hacienda Pública y de otro continuado de falsedad en documento mercantil. Los miembros de la cúpula de Teconsa, la constructora leonesa presuntamente utilizada por la trama para amañar la concesión de la organización de la visita papal, están igualmente imputados.

La Radio Televisió Valenciana (RTVV) desembolsó 14,7 millones de euros de las arcas públicas para organizar el V Encuentro Mundial de la Familia. De ese total, 7,4 millones se destinaron al expediente de contratación de Teconsa, sin experiencia en montajes de imagen y sonido. Para defraudar a Hacienda, según Ruz, Teconsa subcontrató a otras pequeñas empresas (Apogee, Impacto Producciones y Sirius Show Equipment), manipuló los gastos contabilizados y emitió facturas falsas. Así habría defraudado 198.830 euros en concepto de cuota del IVA y otros 434.941 por deducción improcedente de las facturas falsas emitidas por las empresas que subcontrató y que no llegaron a prestar los servicios.

Una firma pantalla se llevó 7,4 millones de los 14 que costó la visita del papa

Un informe de la Agencia Tributaria dio pie a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que ha admitido el juez Pablo Ruz para dictar las imputaciones. Además de Crespo y Balín está acusado Jacobo Gordon, administrador único de Castaño Corporated, firma en la que figuraban como apoderados los dos anteriores. Castaño Corporated es una de las sociedades que libró facturas falsas. Junto a ellos, el presidente y vicepresidente de Teconsa, José Luis Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, respectivamente, y los vocales del consejo de administración de esa empresa, Jesús Alonso Galindo y Rafael Martínez Molinero. Por la emisión de facturas falsas desde otra firma, Wild Electronics, han sido imputados Alejandra Andrea Beresovski y Noemí Márquez Castellano.

Ninguna de las decisiones trasladadas este miércoles por el juez Ruz afecta, sin embargo, a la presunta concesión irregular de la organización de la visita papal a Teconsa. Ni Francisco Correa, Don Vito, ni el exdirector de Canal 9 Pedro García han sido por el momento imputados. Ruz tiene en su poder un informe de la Unidad de Auxilio Judicial, redactado en 2010, que detalla la contratación irregular de la constructora por parte del ente público RTVV. El contrato, decía ese informe, no concretaba los términos económicos y técnicos necesarios para la adjudicación, no incluía un precio de licitación y recurría al procedimiento de urgencia, a pesar de haber sido adjudicado ocho meses antes del evento.

Ruz no entra por ahora en el amaño de la concesión de la organización

Otro informe policial, posterior al citado, va más allá, y describe cómo los responsables de la trama Gürtel amañaron la concesión a Teconsa, en connivencia con Canal 9 y la cúpula del PP valenciano. Basándose en el análisis de la caja B de la trama, los agentes señalaban al imputado Pablo Crespo quien salió de la cárcel el pasado 1 de febrero tras pagar 100.000 euros de fianza, pero también a Francisco Correa, Álvaro Pérez, el Bigotes, y al exdirector de Canal 9 Pedro García. El informe es tan exhaustivo que adjudica a Correa un beneficio de 1,4 millones de euros, 630.000 para Crespo y medio millón para el Bigotes. De García dice que se llevó otro medio millón de euros por el amaño. Fuentes del caso apuntan que las consecuencias judiciales del negocio realizado por la trama con la visita del papa no han hecho sino comenzar con las 11 imputaciones conocidas este miércoles.

Este miércoles también se conoció la imputación de otras dos personas por la concesión de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) de los contratos para organizar su stand en las ediciones de Fitur de 2001 y 2002, época en la que el ministro de Fomento era Francisco Álvarez-Cascos. Se trata de Ángel López de la Mata Muño, exdirector de comunicación de AENA, y de José María Gabarri, otro directivo. Ambos están acusados de cohecho y prevaricación. El juez ha solicitado a la Policía Científica estudios caligráficos de documentos hallados en la sede de la empresa de la trama Easy Concept en relación con estas imputaciones.

forme a la Administración del Estado sobre la regularidad de los contratos y la participación de los dos imputados en los mismos.