La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró este viernes escandalizada por las críticas que ha recibido el Tribunal Supremo y, sobre todo, por las que han vertido algunos políticos que no comparten la sentencia de 11 años de inhabilitación para Baltasar Garzón.

El Ejecutivo, tal y como hizo nada más conocer la noticia, comenzó expresando su 'respeto escrupuloso' por la decisión. 'Comparta o no la comparta, le guste o no le guste, le favorezca más, menos o de ninguna de las maneras', defendió Sáenz de Santamaría. Por eso pidió a los demás que hagan lo mismo porque 'España es un Estado de derecho en el que hay una separación de poderes y el judicial es la garantía de la igualdad de los derechos de todos los españoles y de su protección'.

La dirigente conservadora no tardó en hacer 'un llamamiento muy serio a la reflexión y a la responsabilidad'. 'Cuando se cuestionan las instituciones democráticas del Estado, se cuestiona la democracia misma, dentro y fuera de nuestras fronteras', indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sáenz de Santamaría se negó a realizar una valoración de la condena amparándose en que 'un Gobierno no comenta las resoluciones judiciales'. Eso sí, quiso transmitir a la opinión pública su inquietud por lo ocurrido. 'Me preocupa, y mucho, esa imagen que se está intentado trasladar de España que no es España', proclamó mientras la prensa extranjera se dedica a cuestionar la independencia judicial.

Un periodista acababa de ponerle como ejemplo las palabras del diputado de IU Gaspar Llamazares para quien la sentencia, según sostuvo este viernes, 'deteriora la imagen democrática de España en el mundo' y cree que la 'vergüenza será el doble' si el caso llega a los tribunales internacionales y estos fallan que 'no se garantizó un juicio justo'.

La mano derecha de Rajoy recordó además que la misma Constitución que permite a los políticos ejercer sus tareas es la que sitúa al Alto Tribunal en el 'supremo vértice' del orden jurisdiccional español. Y cuando se le preguntó en qué posición queda la Fiscalía después de haber apoyado durante todo el proceso que Garzón ordenase la intervención de las conversaciones entre los presos y sus letrados visto que el Supremo lo calificaba de 'prácticas totalitarias', la vicepresidenta prefirió no hacer 'valoraciones'. Minutos antes había resaltado que su Gobierno ya no da instrucciones al Ministerio Público. 'Eso se ha acabado', subrayó.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se pronunció en la misma línea que su compañera insistiendo en la separación de poderes. Partiendo de la aceptación del legítimo derecho a la crítica, rechazó 'con toda energía las descalificaciones que injustamente está recibiendo el TS'.

Desde el ámbito jurídico, también hubo reacción. La Unión Progresista de Fiscales mostró su discrepancia porque ve la resolución judicial 'absolutamente desproporcionada'. Así advirtió de las 'nefastas consecuencias' que tendrá para la persecución de la corrupción. La asociación Jueces para la Democracia mantiene, sin embargo, que la resolución del Supremo es 'razonada, razonable y ajustada a los parámetros del ordenamiento jurídico'. Ambas reclamaron que se regule el tema de las escuchas, registros e intervenciones. La portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, reprochó por 'intolerables' las acusaciones que se están haciendo contra los siete magistrados del Supremo y la vocal Margarita Robles anunció que el Consejo iba a ser 'muy contundente' en su defensa.

Los funcionarios de su Juzgado en la Audiencia Nacional se manifestaron mientras en una carta pública (ver página siguiente) expresaban 'un triste día para la Justicia' en el que la sociedad perdió a 'uno de los más grandes defensores del Estado de derecho'. Un grupo de unos 70 intelectuales y creadores, entre los que se encuentran Juan Goytisolo, Ian Gibson y Manuel Rivas, firmaron un manifiesto de apoyo al juez para denunciar el 'ensañamiento múltiple' al que está siendo sometido.

También llegaron noticias de fuera. Por un lado, la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas dijo que España debe investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la época de Franco, tal y como informa Reuters. Además de anular la aministía porque no hay un estatuto que limite los procesamientos.

Knaul, señaló que la condena del Supremo 'parece una venganza' y que podía responder al deseo del Supremo de no pronunciarse sobre la memoria histórica.