En el último informe presentado por el Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos, Luis Bárcenas ni siquiera había ascendido aún a tesorero del PP y el secretario general de esta formación se llamaba Ángel Acebes. En Extremadura, nadie le tosía a Juan Carlos Rodríguez Ibarra; en Catalunya, gobernaba Pasqual Maragall; y Euskadi seguía siendo el fortín del PNV de Juan José Ibarretxe y Josu Jon Imaz.

Mucho ha llovido desde entonces, pero esta fotografía amarillenta es la última presentada por el Tribunal de Cuentas, el organismo fiscalizador de los fondos públicos, sobre la contabilidad de las formaciones políticas: corresponde al ejercicio de 2006. El bloqueo de la institución, con todos los consejeros con mandato vencido desde noviembre de 2010, ha contribuido, según varias fuentes, a atrasar la elaboración del informe.

La tardanza en la elaboración de los últimos informes no tiene precedentes

Este retraso coincide además con la investigación judicial del caso Gürtel, que incluye entre otros aspectos la presunta financiación irregular de varias campañas del PP. El juez que en 2009 destapó la trama, Baltasar Garzón, acaba de ser condenado y apartado de la carrera judicial por unas escuchas que ordenó durante la instrucción de esta causa, mientras que el órgano que vela por la legalidad de las cuentas de los partidos ni siquiera ha finalizado aún su informe sobre los dos ejercicios anteriores a la desarticulación de la trama.

En la última década, este informe anual solía presentarse entre 25 y 30 meses después de la finalización del ejercicio contable (ver gráfico en la página siguiente). Pero con este mes se cumplen ya 50 del final del ejercicio de 2007 y el Tribunal de Cuentas aún no ha entregado su estudio. 'Se presentará pronto, porque ya está casi acabado', explica un portavoz, que ya se expresó en términos idénticos el pasado septiembre.

El informe sobre 2007 será el primero que el Tribunal de Cuentas presentará sobre la contabilidad de los partidos después de que el juez instructor que heredó el grueso del caso Gürtel, Antonio Pedreira, redactara, en mayo de 2010, un auto en el que consideró verosímil que el PP hubiera financiado ilegalmente campañas electorales en 2007 y 2008 con fondos de empresarios del País Valencià.

Un consejero del tribunal es miembro muy activo de la fundación FAES

Ni este tribunal ni tampoco la Sindicatura de Cuentas valenciana han reabierto desde entonces los expedientes correspondientes a la contabilidad del PP en estos dos comicios, que avalaron en su momento.

No es este el único elemento novedoso del informe que el organismo no acaba de rematar: será también la primera vez que el estudio incluirá las fundaciones de los partidos. Y ello a pesar de que el consejero Juan Velarde Fuertes uno de los pesos pesados de la institución, en la que lleva 20 años es simultáneamente patrón de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP y presidida por José María Aznar.

Varios consejeros del Tribunal de Cuentas han tenido un papel político destacado en el pasado el mismo presidente, Manuel Núñez Pérez, en el PP; Luis Martínez Noval, en el PSOE; y Lluís Armet, en el PSC, entre otros, pero, tras su nombramiento, han ido abandonando sus responsabilidades partidarias.

Uno de los miembros, de 81 años, está a punto de cumplir 30 en la institución.

En cambio, el catedrático y premio Príncipe de Asturias ha incrementado su participación en FAES: Velarde no sólo forma parte de su patronato, sino que desde 2005 asumió la presidencia de su Observatorio Económico, que durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en una de las referencias neoliberales más implacables en la crítica al Gobierno. Entresus colaboradores más asiduos destacó Luis de Guindos, hoy ministro de Economía.

Además, en 2005, el año en que arrancó el Observatorio Económico de FAES, las empresas de la trama Gürtel facturaron casi 100.000 euros a la fundación del PP, según las liquidaciones presentadas a la Agencia Tributaria incorporadas al sumario, lo que no ha motivado ninguna indagación por parte del Tribunal de Cuentas.

Un portavoz oficial del organismo recordó que Juan Velarde, que no se encarga personalmente de fiscalizar a los partidos, logró el aval del pleno de la institución para continuar con sus actividades en la fundación del PP, financiada en parte con fondos públicos.

La ley establece para los consejeros del organismo las mismas incompatibilidades que en el caso de los magistrados, a los que no se prohíbe expresamente la colaboración con partidos políticos y ven limitadas las retribuciones adicionales a la actividad académica en un sentido amplio.

Público se dirigió el viernes a FAES para preguntar si el catedrático y consejero del Tribunal de Cuentas recibe algún tipo de compensación económica o dieta por su doble participación en la fundación, pero no ha obtenido respuesta. La norma de FAES es retribuir a los participantes a sus seminarios, aunque el think-tank conservador declina detallar el monto esgrimiendo la ley de protección de datos.

Algunas fuentes del Tribunal de Cuentas relacionan el retraso del informe más susceptible de cuantos elabora al hecho de que todos los consejeros están en precario desde hace más de un año. Estedocumento es tan singular que es el único que se elabora mediante una coponencia, compartida por un consejero próximo al PP (el presidente, Manuel Nuñez) y otro cercano al PSOE (Felipe García).

La última vez que se eligieron consejeros para el Tribunal de Cuentas fue en 2001, con mayoría absoluta del PP, lo que se reflejó en una composición favorable a la formación conservadora: seis consejeros próximos a este partido, uno de consenso pero afín al PP y otros cinco relacionados con los socialistas.

La elección de los consejeros requiere el apoyo de tres quintas partes de la Cámara y los dos grandes partidos pactaron todos los puestos para un órgano tan sensible, con poder para escrutar sus propios presupuestos.

En 2007 falleció el consejero Antonio de la Rosa, próximo al PP, y el puesto ha quedado vacante desde entonces. El PP siguió aquí la misma estrategia que en la elección de otros órganos del Estado, como el Tribunal Constitucional, que tampoco pudo renovarse durante el mandato socialista por las exigencias de los conservadores.

La estrategia le ha acabado dando réditos al partido de Mariano Rajoy: la última elección de consejeros del Tribunal de Cuentas fue con mayoría absoluta del PP y, aunque todos acababan mandato con Zapatero en La Moncloa, volverá a renovarse con mayoría absoluta del PP.

Tras el Consejo de Ministros del viernes, la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, avanzó que Rajoy trasladará el miércoles al líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, la necesidad de renovar los órganos constitucionales bloqueados, ahora sí, 'de forma urgente'.

Uno de los consejeros, Ubaldo Nieto, de 81 años, está a punto de cumplir 30 años en la institución. Y otros dos suman más de 20 como consejeros: Juan Velarde, de 84 años, y Ciriaco de Vicente, de 75 años. Manuel Núñez, de 79 años, y Rafael Corona, de 78, completan el grupo que supera los 75 años de edad.