El ministro de Educación, José Ignacio Wert, considera de 'justicia social' que los alumnos con un buen nivel de rendimiento académico cuenten con una beca para el estudio universitario. 'Un alumno de Secundaria con una nota de un cinco puede acceder a una beca universitaria', criticó ayer durante una conferencia organizada en Madrid por el Foro Nueva Sociedad. El Gobierno prevé reformular el acceso a las becas para vincularlas al rendimiento en lugar de a la economía familiar.

'No sólo hay que revisar el mecanismo de acceso a la beca, sino también el mecanismo de mantenimiento de la misma en dos sentidos: tiene que ser más exigente en cuanto al rendimiento y más sensible a la exigencia', detalló Wert, que llegó a criticar que un alumno becado que suspenda pueda optar de nuevo a una beca en el siguiente curso. 'Da igual sacar un sobresaliente que suspender', añadió.

'Un alumno con un cinco puede acceder a una beca', criticó el ministro

Pese a las apreciaciones del ministro, la tasa de aprobados de los alumnos que disfrutan de una beca es un 14% superior a la del resto de alumnos, según el Ministerio de Educación. 'La prioridad deben ser las becas salario (por umbrales) y su incentivación mediante control de rendimiento, pero no cambio de filosofía', opina el ex secretario general de Universidades Màrius Rubiralta. 'La variable de rendimiento ya la habíamos introducido complementaria y correctora de excesos sin modificar en absoluto el derecho al estudio universitario', añade vía email desde la Universidad de Oxford.

El ministro criticó que el Gobierno anterior estableciera en 2005 el derecho a beca por renta familiar. Es decir, desde ese año, todos los alumnos que cumplan los requisitos socioeconómicos exigidos tienen derecho a una beca. 'La beca se ha convertido en una asignación económica', afirmó ayer Wert. 'Desde 2007 se estableció la diferencia entre beca y ayuda. La beca está sujeta, además de a condicionantes socioeconómicos, a que el alumno apruebe, y la ayuda sólo mira el componente social', aclara la exportavoz de Universidad del PSOE en el Congreso, Montse Palma.

'El rendimiento ya es tenido en cuenta', señala Rubiralta

Wert no llevaba preparado en su discurso la reflexión sobre las becas universitarias que surgió por una pregunta periodística. Sin embargo, demostró tener un informe en la cabeza que asegura que el abandono universitario le cuesta al Estado '3.300 millones de euros', según comentó. Este cálculo basado en que un 20% de los alumnos cambia de carrera en los dos primeros años pertenece a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y está recogido en un informe de la Fundación FAES de julio de 2009 titulado Adiós a las becas.

'Limitar las becas exclusivamente en función del rendimiento conduce a la exclusión social', opina el director de la cátedra Unesco de Política Universitaria, Francisco Michavila. 'Precisamente en este momento, cuando la beca es una puerta a la esperanza para las familias desfavorecidas, este tipo de iniciativas son un palo para la cohesión social', añade este experto.

La política de becas universitarias es uno de los orgullos sociales que reivindican los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. En los últimos años se ha pasado de una inversión de un 0,08% del PIB en becas a un 1,1%. El número de alumnos que se han beneficiado de alguna beca o ayuda ha crecido un 20% en ocho años. En el último curso, pese al crecimiento de un 10% en la primera matrícula, se mantuvo el incremento en las becas para alcanzar al 20% del total de alumnos. 'Pese a todos los esfuerzos, en los países nórdicos el porcentaje de becados es el doble', denuncia Palma.

Los alumnos becados tienen un 14% más de aprobados

Las asociaciones de estudiantes salieron en tromba contra las palabras de José Igna-cio Wert. 'Es una desfachatez', criticó la vicepresidenta del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, María José Romero. Esta portavoz estudiantil señaló que el suspenso universitario ya está 'muy penalizado', informa Europa Press. El último documento de financiación universitaria aprobado por la Conferencia General de Política Universitaria en 2010 recomienda a las comunidades autónomas cobrar el coste real de las matrículas a los alumnos que suspendan.