La jueza San José recibió el pasado 7 de diciembre el informe pericial sobre los presuntos pagos que habría realizado el empresario Jorge Dorribo, imputado en el caso Campeón, a José Blanco. El informe, ordenado por el juzgado a iniciativa del fiscal jefe de Lugo, Javier Rey, intentaba verificar en la contabilidad y cuentas bancarias de la empresa Nupel las acusaciones del empresario gallego. Pero la jueza decidió no esperar a dicho informe y envió las actuaciones al Tribunal Supremo el 3 de noviembre de 2011. Le ocultó cuatro días el auto donde exponía el caso al fiscal. Sabía que este iba a recurrirlo y ello retrasaría la operación.

Cuando este periódico informó sobre la ocultación del auto, quizá por pura coincidencia, la juez se lo notificó al fiscal jefe. Pero ya era tarde. La exposición razonada estaba en Madrid. La mañana del 3 de noviembre, vísperas de la campaña electoral del 20-N, el procurador que trabaja con el exfiscal Ignacio Peláez, abogado de Dorribo, llamó por teléfono a la sección de causas especiales del Supremo. ¿Habían recibido una exposición razonada del juzgado de Lugo? No. Pero, un hombre tan eficaz como simpático, Argimiro Vázquez Guillén tenía buena información. Y la exposición estaba en el registro de entradas. ¡Bingo! Peláez estaba al corriente antes que nadie.

Un mes y cuatro días después, el 7 de diciembre, Antonio Morín, inspector de tributos de la Unidad de Peritaje Judicial e Informático de la Agencia Tributaria, entregó a la jueza San José su informe. Son 69 folios. ¿Acaso la jueza lo envió al Tribunal Supremo donde se instruía la causa por el magistrado juez Soriano desde el 29 de diciembre? Pues no. Porque el informe sostenía que Dorribo había vendido humo. Por su colaboración con ella, que no con la Justicia, la juez le dejó en libertad tras su primera declaración el 8 de agosto. Dorribo también mintió en las tres siguientes, cuando intentó, cada vez de forma más rocambolesca, llegar a la entrega de 200.000 euros. Claro que no eran los 400.000 euros con los que se había iniciado esta novela barata, después de que Peláez intoxicara a un periódico coche-noticia-bomba, muy bien dispuesto, a publicar a toda página la 'noticia' el 4 de octubre de 2011. Tres días después, Peláez declaraba que su cliente iba a 'tener la capacidad' para 'acreditar' que era 'verdad'.

Y, claro, si antes la juez no había esperado al informe, tampoco ahora que conocía su contenido se lo iba a enviar al instructor Soriano. El 1 de febrero, por providencia, el magistrado pidió el informe pericial 'que se encontraba pendiente de realizar a la fecha de remisión de la exposición razonada de aquel juzgado'. Y el pasado miércoles, día 15, lo entregó a las partes personadas. Dorribo había declarado que todo estaba acreditado en la contabilidad y las cuentas bancarias de su empresa. No, dice el informe. El próximo martes, Dorribo declara en el TS. Más novela por entregas.

A todo esto, la fiscal que llevó el caso en Lugo casi hasta el final preparó su oposición con el exfiscal Ignacio Peláez. Hace unos días, este cronista le preguntó:

- Oye, Ignacio, la fiscal de Lugo que llevaba el caso ¿preparó contigo la oposición?

- Sí, claro, no terminé de prepararla porque me designaron en Roma [juez de enlace con la Justicia italiana, año 2000]. Por esto no quería saber nada de esta causa, pero me insistieron.

- ¿Como se llamaba?

- Me parece que Teresa...No sé el apellido.

Teresa Cámara fue nombrada fiscal en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 2001 y, años después, en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo, donde sigue ocupando su plaza.