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Euskadi indemnizará a las víctimas de la Policía franquista

El decreto reconoce a quienes padecieron actos violentos entre 1968 y 1978

GUILLERMO MALAINA

El Gobierno vasco presentó ayer el borrador del decreto para reconocer a las víctimas de actos violentos derivados de la 'motivación política' y registrados entre enero de 1968 y diciembre de 1978. El texto prevé indemnizaciones de hasta 390.000 euros.

La iniciativa está dirigida a reconocer, por primera vez, a quienes en el ocaso de la dictadura y la posterior Transición padecieron 'sufrimientos injustos' a manos de agentes de las Fuerzas de Seguridad, otros funcionarios públicos o colaboradores externos 'en acciones indebidas'.

Esto supone, según el borrador, que no tendrán derecho a tal reconocimiento quienes perdieron la vida o sufrieron lesiones por la acción policial mientras planeaban o ejecutaban 'cualquier actividad violenta de motivación política'. Más allá de los tecnicismos propios de la redacción legal, esto significa, según aclaró en la presentación la portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendia, que 'ningún terrorista fallecido cuando intentaba poner una bomba o muerto en un enfrentamiento con agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrá beneficiarse de la reparación y el reconocimiento que se recogen en este decreto. En ningún caso'.

La portavoz del Gobierno vasco lo aclaró para evitar cualquier malentendido y 'tranquilizar' a las víctimas de ETA, a quienes garantizó que en el borrador de este decreto 'no caben ni la equiparación ni la equidistancia'.

El texto legal, que el Gobierno vasco prepara con el objetivo de que entre en vigor en primavera, abrirá la puerta al reconocimiento de víctimas de violencia de 'motivación política', incluso aunque en su día los hechos en cuestión quedasen exculpados en un juicio.

El borrador del decreto también incluye la posibilidad del reconocimiento de víctimas que pasaron ante los tribunales si, a la postre, su condena vulneró el 'derecho a la vida reconocido en la Constitución'. Esto significa que el texto legal, si sale finalmente adelante, protegerá también a los condenados a muerte en el ocaso de la dictadura, como es el caso de los miembros de ETA Jon Paredes, Txiki, y Anjel Otaegi, fusilados en 1975.

El decreto del Gobierno vasco protegerá a las víctimas de actos violentos de 'motivación política' registrados sólo en Euskadi. No obstante, también podrán recibir el mismo reconocimiento quienes, habiendo padecido 'sufrimientos injustos' fuera del País Vasco, estaban entonces empadronados en esta comunidad.

Según Idoia Mendia, 'no es sólo una cuestión de reparación e indemnización a estas víctimas, sino que con este decreto queremos descorrer la cortina del silencio, abandono y olvido que ha envuelto a todas ellas durante demasiado tiempo. Frente a la impunidad, la verdad por delante'.

El impulso del decreto responde a un mandato del Parlamento vasco, de marzo de 2011. La iniciativa, firmada por el PNV, el PSE, Aralar, EA y EB, fue apoyada parcialmente por el PP, que respaldó el primer punto sobre las iniciativas para la reparación de estas víctimas. UPyD se abstuvo.

Por otra parte, el portavoz de Amaiur en el Congreso, Xabier Mikel Errekondo, abogó ayer por crear 'una comisión de la verdad' que haga 'un relato' para todos de lo sucedido hasta ahora y se reconozca 'al 100%' a todas las víctimas. A su juicio, tanto el Estado español como ETA deben reconocer 'todo el daño personal, colectivo y social que han causado durante todos estos años'.

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