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Más de 165.000 personas votan para que el agua siga siendo "de todos"

Tras la consulta popular, el 15-M y la plataforma contra el Canal de Isabel II piden a Esperanza Aguirre que lleve a cabo un referéndum vinculante

PUBLICO.ES / AGENCIAS

Un total 165.860 personas, el 98,8 % de las 167.710 que votaron, se pronunciaron el domingo en la contra la privatización del Canal de Isabel II en las 293 mesas instaladas por el movimiento vecinal, IU y el 15-M, según los convocantes.

Por ello, la plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y el 15-M han pedido hoy a la presidenta regional, Esperanza Aguirre que lleve a cabo un referéndum vinculante y que ponga fecha a un debate sobre la privatización del Canal en la Asamblea de Madrid.

Los portavoces de la plataforma han recordado que, con la consulta de ayer, han querido dar voz a los madrileños sobre un asunto que 'no aparece en ningún programa electoral' y que el Ejecutivo regional está gestionando 'a espaldas de la ciudadanía'.

Desde el movimiento 15-M protestan contra esta privatización porque 'el agua es de todos y no pertenece a nadie'. Y ahora ven su objetivo un poco más cerca. En palabras de Enrique García, de la Asamblea Popular del 15-M de Tetuán, 'hace unos meses la ciudadanía no sabía nada de la privatización del Canal' y, gracias a la 'exitosa' acción de ayer, 'ya se ha informado gran parte de la población'.

'Esperanza Aguirre no se ha dignado a respondernos tras las 35.000 firmas que registramos el pasado mes de diciembre exigiendo una consulta popular y no ha puesto fecha aún al debate que está obligada a promover en la Asamblea de Madrid como consecuencia de la Iniciativa Legislativa Municipal presentada por seis ayuntamientos que representan a más de 600.000 ciudadanos, no puede ignorar ya este clamor popular', han subrayado los portavoces de la plataforma.

'Esperanza Aguirre no puede ignorar ya este clamor popular'

La consulta de ayer no fue vinculante pero, en palabras de la Plataforma y del 15M 'tiene toda la validez moral y política'. 'Que sea vinculante depende de la voluntad política del equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre', han apuntado.

Las urnas se instalaron 319 mesas en 50 municipios, incluida la capital. Destaca la implicación de la ciudadanía de Leganés, donde se instalaron 25 mesas; Aranjuez, con 13 y Coslada, con 11. En Madrid la consulta se celebró en los 21 distritos, destacando la participación en Centro, donde se instalaron 18 mesas; Carabanchel, con 17 y Hortaleza, con 13.

Escrutados los votos de 293 mesas (el 98,9 % de las 319 instaldas), votaron 167.710 personas, de las cuales 165.860 personas lo hicieron a favor de la gestión 100% pública del Canal de Isabel II y 1.227 en contra. Los votos en blanco y los declarados nulos suman el resto.

A falta de recibir los datos de 26 mesas, la Plataforma calcula que, 'estimando una media de 570 votos por mesa, podrían haber votado 182.500 personas', una muestra de población muy superior a cualquiera de los que se consulte en Madrid, han señalado los organizadores de la consulta.

Los promotores de la iniciativa han destacado que el movimiento 15-M instaló un tercio de las mesas (en torno a 110), 'demostrando así que, 'lejos de la imagen de 'antisistema' que algunos se empeñan en construir en torno a este movimiento ciudadano, estamos profundamente comprometidos con el objetivo de dar voz a la ciudadanía, algo que debieran hacer los responsables políticos'.

Veintisiete organizaciones de la sociedad civil pidieron el pasado lunes 14 de febrero al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, Alimentación y Medio Ambiente, y al ministro Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, su participación en un en un encuentro entre la sociedad civil y gobiernos, llamado 'Los próximos pasos; en movimiento hacia el logro de Agua para Todos', que se celebrará el 12 de marzo en el marco del Foro Mundial del Agua celebrado en Marsella.

El tema central del evento será el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, en referencia a las resoluciones que en 2010 hizo Naciones Unidas en la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos. El objetivo es que los gobiernos escuchen a conocidos y experimentados representantes de la sociedad civil con respecto a los próximos pasos necesarios para garantizar este derecho.

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