Más tijera. El Gobierno ha aprobado hoy la reforma del sector público empresarial, que implica la supresión de 24 empresas públicas (17% del total), la desinversión en ocho sociedades (6% del total), la agilización de desinversión en 14 sociedades más (un 10%) y la liquidación paulatina de otras 13 empresas. También se desinvertirá en otras 35 sociedades mercantiles donde el Estado poseía participaciones minoritarias.

El objetivo es poner 'orden en casa' con medidas que afectan a un total de 80 empresas públicas de las 228 existentes, a lo que se suma la extinción o fusión de 9 fundaciones, según ha detallado hoy la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. La iniciativa, ha comentado, dará 'mucha mayor transparencia hacia a los ciudadanos sobre cómo se gestionan los ingresos públicos'.

En el caso de las comunidades, la cifra es 'bastante superior' y 'más aún' en los ayuntamientos, lo que arroja una cifra total de 2.372 empresas públicas, 626 fundaciones y 1.055 consorcios.

La vicepresidenta no ha aportado el ahorro que supondrá esta medida y se ha limitado a detallar que la eliminación de las empresas reducirá en 154 el número de consejeros, lo que supondrá un ahorro de 1,8 millones en sueldos y dietas, según sus propios datos.

El Gobierno no cuantifica el impacto de la medida en empleo ni cuánto se ahorrará

Tampoco ha cuantificado el impacto de la medida en empleo, aunque  sí ha concretado que afectará en especial al personal directivo, presidentes y consejos de administración. 'Hay empresas con más consejo de administración que personal', se ha quejado Sáenz de Santamaría, quien ha puesto un ejemplo encima de la mesa: había una empresa con cuatro personas en plantilla y un consejo de administración más amplio. 'Se ha aprendido mucho en este proceso', ha dicho.

En concreto, ha explicado que aún existía la sociedad 'Carmen, la comida de España 1992. Sociedad Anónima', una empresa creada para fomentar e impulsar la dieta española. 'Para esto de las comidas, como que no estamos', ha dicho.

El plan incluye la eliminación de 21 sociedades mercantiles del Estado, entre ellas la Sociedad Pública de Alquiler, Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, Remolques Marítimos y la Sociedad de Venta de Loterías, entre otras. 

De igual forma, el Gobierno ha aprobado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) inyecte 22.000 millones de euros a la economía con la ampliación y refuerzo de cinco líneas de préstamos —inversión, Internacionalización, de Liquidez, de Emprendedores y de Vivienda—, dirigidos a pymes y autónomos, lo que supone un incremento del crédito en un 16 % respecto al emitido en 2011 y representa el 9% del crédito del sistema financiero español.

La línea ICO Inversión destinada para la adquisición de vehículos y maquinarias, se amplía hasta 9.000 millones de euros y permitirá por primera vez financiar circulante (dinero de caja).

La línea ICO Internacionalización se refuerza hasta los 2.000 millones de euros con el fin de apoyar a la financiación de las pymes que están en el exterior o quieren salir fuera, ya que el Ejecutivo hace una 'apuesta clave' por la inversión en el extranjero.

Asimismo, la línea ICO Liquidez, que pretende aliviar las tensiones de tesorería de los pequeños y medianos empresarios y de los autónomos, se amplia de los 6.000 millones actuales hasta 8.000 millones de euros.

En cuanto a la línea ICO Emprendedores, su financiación se refuerza hasta los 2.000 millones de euros desde los 750 millones actuales. Este préstamo va dirigido a profesionales y empresarios que inician una actividad o que la han iniciado cinco años antes de solicitar el préstamo.

También el Ejecutivo refuerza la línea ICO Vivienda para la rehabilitación de viviendas y edificios, así como de elementos comunes, con el fin de reactivar el mercado de la rehabilitación.