El PSOE seguirá poniendo impedimentos a la aprobación de una normativa que regule el derecho a la muerte digna. Durante el debate para la toma en consideración de una proposición de ley al respecto que presentó el grupo de la Izquierda Plural, el portavoz socialista de Justicia, Julio Villarrubia, adelantó que su grupo votará en contra, del mismo modo que lo anunció el PP.

Los socialistas se negaron a respaldar propuestas legislativas similares presentadas en 2001 y 2007. Pero esta vez, Villarrubia se escudó en que el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ya presentó en su día un proyecto de ley que regulaba los 'derechos de la persona ante el proceso final de la vida'. Se trata de un texto legislativo que no llegó a ser debatido ni tramitado por concluir la legislatura.

Villarrubia hizo hincapié en que desde su grupo se plantea como principal objetivo el que contenía ese texto y que contemplaba 'el derecho a que el final de la vida se produzca sin dolor y con pleno respeto a la voluntad personal'.

En su opinión, 'con la eutanasia, el fin de la intervención sobre el paciente es acabar con la vida'. Sin embargo, 'la proposición de ley socialista no permite provocar en ningún caso la muerte ni el suicidio asistido'.

El texto que se sometió esta tarde a debate y que había sido propuesto por los diputados de IU, Gaspar Llamazares y José Luis Centella, despenaliza la conducta del que, 'mediante actos necesarios o de cooperación activa, permita, propicie o facilite la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte'.

Despenaliza también, y así se explica en la iniciativa que defendió en el Pleno el parlamentario Ricardo Sixta, la conducta de quien ayude a morir a quien, previa petición del afectado, padezca una enfermedad grave que 'le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, o que, siendo permanente, le incapacitara de manera generalizada para valerse por sí mismo'.

Además, propone introducir el derecho del paciente a decidir libremente, una vez informado, el tratamiento médico que se le vaya a aplicar, 'como presupuesto del reconocimiento de la voluntad de morir del afectado'.