El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió no abaratar el despido. E incluyó esta medida en la reforma laboral. Aseguró que subir los impuestos no estaba entre sus planes. Y subió el IRPF una semana después de llegar al poder. La última contradicción del Ejecutivo ha llegado con la inclusión de un plan de amnistía fiscal en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 presentado este viernes . En junio de 2010 la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, rechazó un supuesto plan de regularización fiscal del Gobierno de Zapatero por 'impresentable', 'injusto' y 'antisocial'. Cospedal subrayó entonces la 'paradoja' de que 'a los que pagan impuestos se les suban' y 'a los que no, se les perdonen'. Mariano Rajoy se pronunció en el mismo sentido aduciendo que 'los que pagan, van a pagar más y, los que no pagan, se les va a perdonar'. Aunque el Gobierno ha vestido la iniciativa bajo el sobrenombre de 'medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas', se trata de una disposición que impone una tributación del 10% a todos los capitales ocultos aflorados y un gravamen especial del 8% para la repatriación de dividendos.

Según ha concretado el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, quienes se sumen a este proceso de regularización 'evitarán las penalizaciones hoy propias de las declaraciones, de manera que a cambio de pagar un 10% el sujeto pasivo quedaría regularizado y normalizado en nuestro sistema tributario'. Se trata de una 'regularización extraordinaria' que 'se ha hecho en otras ocasiones y en otros países' como Italia, Reino Unido o Estados Unidos, ha abundado Montoro antes de reconocer que hay iniciativas que le gustan más y otras menos. 'Tengo que hacerlas en el momento que hay que hacer lo que hay que hacer, que es ingresar sin subir los impuestos indirectos', se ha justificado. Lo cierto es que el Ejecutivo ha optado por no subir el IVA y por adoptar un plan de lucha contra el fraude que presentará después de Semana Santa.

Las carteras de Exteriores y Fomento, las más afectadas El Gobierno había anunciado que serían las cuentas más 'austeras' de la democracia. Y tampoco defraudó. Una vez pasada la resaca de las autonómicas andaluzas y asturianas -a las que Rajoy esperó para presentar las cuentas haciendo caso omiso de las exigencias de Bruselas- el Ejecutivo ha presentado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los trazos principales de los presupuestos para 2012. El texto del Gobierno contempla para este año un recorte de 27.300 millones de euros con los que pretende cerrar el ejercicio ajustándose al 5,3% de déficit obligado por la UE. Esta cifra supone una reducción de 3,2 puntos respecto al desfase con el que se cerró el ejercicio pasado.

A falta de que el próximo martes el proyecto de ley llegue al Congreso de los Diputados y se conozcan de forma detallada todas las partidas, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y los titulares de Hacienda e Industria, Cristóbal Montoro y José Manuel Soria, han dado a conocer el catálogo de recortes con el que el Ejecutivo pretende hacer frente a una situación 'crítica'. Según el proyecto presentado este viernes, el tijeretazo en los ministerios será del 16,9%, dos puntos por encima del ajuste del 15% que anunció Rajoy a principios de semana desde Seúl. Anteriormente, el Gobierno había dicho que esta reducción sería del 12,5%.

'Hemos empezado por ajustar las cuentas en casa', ha asegurado la vicepresidenta en relación a un ajuste que ha calificado de 'drástico' y que se ceba especialmente con las carteras de Exteriores y Cooperación (54,4%), Fomento (34,6 %) e Industria (31,9%). Las menos afectadas por la reducción del gasto serán las carteras de Presidencia (3,8 %) e Interior (4,3 %). Uno de los aspectos más controvertidos del plan del Gobierno es la reducción en 1.557 millones de las políticas activas de empleo . Estas medidas son las que precisamente ayudan a la formación de personas en situación de desempleo en un momento en el que la tasa de paro es del 23,3% y cuando el Gobierno prevé que 600.000 personas perderán su trabajo el próximo año.

El Gobierno no toca las jubilaciones ni las becas educativas La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) sufrirá un recorte de 1.389 millones , una medida que ha hecho saltar las alarmas en la gran mayoría de las ONG españolas, que consideran que el Gobierno está cometiendo una 'irresponsabilidad política', informa A. Torrús. Las ayudas para el acceso a la vivienda se reducen en 322 millones. En las cuentas para 2012 el Ejecutivo frena también la política social con la eliminación de las partidas previstas para el 'nivel convenido' para la Dependencia al pasar de 283 millones de euros . Fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por Publico.es aseguran que se trata de una partida 'pequeña' formada por 'aportaciones extra para las comunidades autónomas'. 'Las prestaciones están garantizadas', afirman desde el departamento dirigido por Ana Mato, informa A. Flotats.

El Gobierno ha congelado el sueldo de los funcionarios, mantendrá las prestaciones por desempleo y las jubilaciones, así como 'el gasto social, como las becas', ha puntualizado Sáenz de Santamaría. Ajustes drástricos que no contemplan subir el IVA 'para no perjudicar el consumo y la recuperación económica', pero sí el impuesto de sociedades. Montoro ha atribuido la subida de esta tasa a la necesidad de que no se siga produciendo una caída del tipo efectivo del mismo. Así, se modifican las bonificaciones mediante la reducción del 5% al 1% del límite anual máximo deducible del inmovilizado intangible correspondiente al fondo de comercio, tanto por adquisición de entidades, como por reestructuraciones empresariales para los años 2012 y 2013.

Por otra parte, a propuesta del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Consejo de Ministros también ha aprobado un anteproyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros. La subida afectará a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden Civil y Contencioso-administrativo y se aplicará también en lo Social, aunque en esta jurisdicción sólo en el caso de recursos en segunda instancia. El orden penal también queda excluido.

La factura de la luz de cerca de 20 millones de hogares y pequeñas y medianas empresas subirá un 7% a partir del próximo domingo. El aumento de la tarifa eléctrica de úlltimo recurso (TUR), anunciado este viernes, prevé un recorte de los costes eléctricos por valor de 1.700 millones de euros, principalmente en distribución, transporte y pagos por capacidad.

La subida de la luz permitirá aumentar los ingresos del sistema en 1.400 millones de euros, según ha informado Soria. El objetivo de esta reforma, ha señalado, es repartir 'equitativamente' entre consumidores y empresas el peso de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo en relación al déficit de tarifa, que ronda los 24.000 millones de euros. Para las grandes empresas, la luz se encarecerá entre el 0,91 y el 4,1 % y la bonificación que reciben por permitir que se les interrumpa el servicio en caso de necesidad caerá en unos 60 millones, ha apuntado el titular de Industria.

El Gobierno también ha aprobado reformas en el sector del gas. Soria ha explicado que la TUR del gas subirá una media del 5 % y que se suspenderán también la puesta en marcha de nuevas regasificadoras en la península, la autorización administrativa de gasoductos planificados y la modificación en la retribución de los almacenamientos subterráneos. Según Industria, con la caída de la demanda y el intenso ritmo inversor que se ha mantenido en los últimos años, el incremento de la tarifa del gas ha resultado insuficiente para satisfacer los costes, lo que ha generado un déficit de 300 millones a cierre de 2011, cifra que superaría los 500 millones este año si no hubiera reformas.