En su proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 presentado este martes, el Gobierno ya incluye la previsión de que se apruebe en breve su propuesta de reducir las subvenciones que abona a los partidos políticos en un 20%. En efecto, su iniciativa está tramitándose en el Congreso y hoy mismo concluía para los grupos parlamentarios el plazo de presentación de enmiendas. 

Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado siete. Y en una de ellas propone 'la supresión de las subvenciones a los partidos si no han cumplido con los requisitos de transparencia exigidos por el Tribunal de Cuentas y la deducción de las cuantías en las que los partidos se hubieran excedido en el gasto electoral'. Dicho de forma más sencilla: que el Estado no dé ningún tipo de ayudas a aquellas fuerzas políticas que sean opacas en sus cuentas. La federación ha sido tradicionalmente una de las formaciones que más ha empujado para conseguir un mayor grado de transparencia en la clase política, más aún cuando el crédito de los partidos se hunde por los casos de corrupción. Léase, por ejemplo, el caso de presunta financiación ilegal del PP valenciano, todavía por juzgar. Para 'profundizar' en la transparencia, Izquierda Plural también aboga por que las fundaciones ligadas a los partidos tengan las mismas limitaciones previstas para estos en su financiación. 

Las otras enmiendas de IU casan con las quejas planteadas en otros momentos por su grupo: que las subvenciones del Estado se repartan 'exclusivamente' en función del número de votos obtenido por cada formación en las últimas elecciones –y no en función de votos y diputados, exigencia que perjudica a IU, que con más votos resulta castigada en escaños por la Ley Electoral– o que en caso de que los bancos quieran condonar las deudas contraídas por los partidos, sea 'preceptivo el informe previo del Tribunal de Cuentas' (u órgano homólogo en las comunidades autónomas) y del Banco de España. La información relativa a los créditos concedidos por las entidades financieras, prosigue el grupo de Cayo Lara, debe estar 'a disposición de todos los ciudadanos de forma accesible'. Respecto a la rebaja de la subvención estatal a las formaciones políticas programada por el Gobierno, Izquierda Plural plantea que se haga de forma proporcional al número de sufragios obtenido en las últimas generales, y que por tanto no se aplique el recorte del 20% linealmente, a todos por igual. 

La propuesta del Gobierno es que la subvención global para gastos de funcionamiento de las formaciones políticas para 2012 sea de 65.883.000,58 euros, y la partida para sufragar gastos de seguridad, 3.382.000,75 euros. Su proyecto de reforma argumenta que la Ley Orgánica de Financiación de Partidos, aprobada en 2007, fijaba en su disposición transitoria tercera una ayuda anual de 78,1 millones de euros para gastos de funcionamiento y otros 4,01 millones para seguridad, cantidades que se irían actualizando en función del IPC. Y como la revalorización desde ese año había alcanzado el 20% de aumento, el Ejecutivo consideraba necesario que, en este contexto de crisis, se redujesen para este ejercicio las cuantías en la misma cantidad, un 20%. 

El PSOE sugiere que se vuelva a los niveles de 2007, y el PNV, que el ajuste sea sólo del 10%

El PSOE ha registrado dos enmiendas. La primera, para que este 2012 las cantidades asignadas a los partidos se reduzcan, sí, pero hasta llegar a las cuantías de 2007 (78,1 millones para gastos corrientes y 4 millones para seguridad). Los socialistas también reclaman que se suprima el primer artículo del proyecto de reforma del Gobierno, que dice que será la Ley de Presupuestos la que fije cada año el importe de las subvenciones. El principal partido de la oposición entiende que esa disposición da plenas manos libres al Ejecutivo, sin atender más consideraciones.

El PNV exige asimismo borrar ese artículo del texto, para que los partidos puedan contar con una previsión determinada de ingresos y para que sus recursos no estén 'al albur de decisiones coyunturales anuales', informa Efe. Respecto al volumen de las ayudas para 2012, los nacionalistas vascos juzgan que deben recortarse un 10% (74.118.375,65 euros para gastos de funcionamiento y 3.804.750,84 euros para seguridad) porque es 'lo más adecuado'. Máxime cuando la ley de 2007 buscaba sobre todo 'reforzar el peso de las fuentes de financiación pública frente a la financiación privada, en favor de la transparencia'.

CiU no ha presentado modificaciones al texto del Gobierno. ERC demanda que sean los partidos respondan subsidiariamente a la responsabilidad civil o a los delitos que hayan cometido sus cargos públicos. UPyD quiere de uno a cuatro años de cárcel para los administradores de las fuerzas políticas que falseen sus cuentas y también que las cuentas de los partidos sean publicadas cada año para que las puedan conocer los ciudadanos.

El proyecto debe pasar ahora a debate a la Comisión Constitucional, para luego ser aprobado en el pleno del Congreso y de ahí viajar al Senado.