El Gobierno lo anunciaba ayer. Noventa entidades ligadas al mercado hipotecario —entre ellas Bankia, BBVA, Santander y Banesto— se han adherido al código de buenas prácticas sobre desahucios. Este código establece una serie de pasos 'para que el desahucio sea la última opción', según el gobierno.

Sin embargo, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncian que estas medidas no van a marcar ninguna diferencia. 'Da lo mismo que se adhieran 90 ó 2000', lamenta José María Ruiz, portavoz de la plataforma.

Las condiciones que se le exigen a los afectados para acogerse a la medida son extremas. Todos los miembros de la familia tienen que estar en paro, el valor de la vivienda no puede exceder unos topes y ésta no puede estar avalada. Además, aunque se cumplan estos requisitos, es el banco el que tiene la última palabra.

'De los miles de últimos desahucios, sólo uno cumplió las condiciones del código'

'De los miles de desahucios que la PAH ha estado estudiando estos últimos meses, sólo uno ha cumplido las condiciones del código de buenas prácticas', explica Ruiz. Por tanto, en la PAH están convencidos de que el número de familias que se podán acoger a esta medida no llegará al 1%. 'Se trata de un simple lavado de cara, y, además, de un negocio para los bancos', apunta Ruiz, aludiendo al hecho de que se les apliquen desgravaciones fiscales cuando aceptan la dación en pago.

La PAH denuncia que la decisión final siempre la toma el banco

El año pasado, el número de desahucios superó la cifra de los 58.000, lo que equivale a una media de más de 150 cada día, una situación dramática que, según prevén en la PAH, seguirá aumentando. Incluso en el caso de que una familia cumpliera las exigencias del gobierno para acogerse a la medida, 'la decisión final siempre la toma el banco'. Es decir, aún cumpliendo unos parámetros draconianos, no hay garantías.

Ruiz denuncia que el gobierno no tiene ninguna voluntad de acabar con este problema. 'El ejecutivo ha potenciado las subastas judiciales, por lo que el proceso de desahucio, que antes se podía alargar un par de años, ahora está acabado en dos o tres meses', explica, por lo que las posibilidades de la familia de buscar una alternativa habitacional se reduce de manera drástica.

Ruiz está convencido de que, tarde o temprano, el gobierno deberá tomar medidas que realmente terminen con el problema de los desahucios. 'No les va a quedar más remedio, ya que esto supone el colapso', sostiene.

La PAH propone el alquiler social, la dación en pago, la moratoria y una auditoría social

En estos momentos, explica, hay cerca de un millón de expedientes de ejecución hipotecaria, es decir, de familias a punto de ser desahuciadas, 'algo que va en aumento porque el problema está ligado a la destrucción de empleo y la bajada de los salarios'.

El problema puede agravarse hasta el punto de que 'en cuatro o cinco años habrá millones de familias bajo la amenaza del desahucio'. En este asunto, José María ironiza y le saca la cara positiva: 'En este sentido, el colapso judicial nos beneficia, porque retrasa los desahucios'.

Una de las medidas que propone la PAH es el alquiler social. 'Es económicamente viable, pero es que además los bancos ganarían, porque poseen cientos de miles de viviendas vacías que se están deteriorando, y les resultaría más beneficioso tenerlas en alquiler social', explica Ruiz.

Además, la PAH apunta como soluciones a la dación en pago, la moratoria de desahucio —'el único delito que han cometido las familias es no encontrar trabajo', defiende— y una auditoría social, ya que 'en este problema hay responsables y hay que identificarlos'.