La Junta de Andalucía cree que el Gobierno central ha cometido una 'deslealtad institucional' con la denuncia presentada ante el Tribunal Constitucional por la convocatoria de oposiciones para profesores y ha lamentado el 'daño' ocasionado a la comunidad y a los más de 33.000 aspirantes.

En un comunicado, la Consejería de Educación ha asegurado que ha conocido a través de los medios de comunicación la medida acordada por el Gobierno central y ha indicado que la ha adoptado 'sin comunicación alguna ni requerimiento previo a la Administración autonómica'.

El Gobierno ha denunciado ante el Constitucional a la Junta de Andalucía por la convocatoria de oposiciones para profesores bajo la justificación de que incumple un decreto del Ejecutivo que prohíbe la incorporación de nuevo personal en servicios esenciales. Según la Junta, el Ejecutivo de Rajoy disponía desde el pasado 9 de enero, fecha de la publicación del decreto que aprobó la oferta pública de empleo, para recurrir, 'pero ha esperado a agotar todos los plazos posibles, dejando transcurrir cuatro meses'.

Esta decisión supone 'un grave perjuicio' para los opositores que aspiran a las 2.389 plazas convocadas por la Consejería de Educación, señala el comunicado, en el que se añade que el recurso ante el Constitucional es la opción más perjucial para los estudiantes, puesto que paraliza el proceso.

La impugnación cuenta con un dictamen favorable del Consejo de Estado del 12 de abril, en el que se establece que la Orden autonómica 'no respeta los límites impuestos en el Real Decreto 20/2011 para la Oferta de Empleo Público para 2012, al establecerse una tasa de reposición del 30% de efectivos'. El consejero de Educación en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, comparecerá mañana en una rueda de prensa para opinar sobre la decisión del Gobierno.