El PSOE no descarta recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto de reforma sanitaria aprobado por el Gobierno, al igual que podría hacer la Junta de Andalucía, por entender que es una 'agresión' a los derechos constitucionales y que puede vulnerar las competencias de las Comunidades Autónomas.  

La secretaria del Política Social, Trinidad Jiménez ha exigido al Ejecutivo en una rueda de prensa que 'responda hoy mismo' sobre si los españoles de 27 años que queden fuera de la unidad familiar y las mujeres separadas o divorciadas que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social seguirán recibiendo atención sanitaria de forma grauita.

Las Juventudes Socialistas afirmaron en un comunicado que quedaba restringido 'el acceso a la sanidad a quienes tengan más de 26 años y no hayan cotizado' en un comunicado. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Sanidad mantienen que estas afirmaciones no son ciertas y en este sentido no se pruduce 'ningún cambio respecto a la situación anterior'.

Jiménez ha denunciado que el Gobierno ha dejado 'en el aire' a estas personas al exigir cotizar en este país para ser titular de la tarjeta sanitaria, excluyendo así a los inmigrantes en situación irregular o que no pagan impuestos.

El portavoz de la Comisión de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, ha aseverado que 'no hay ética política que justifique dejar sin tratamiento a personas que pueden morir', en alusión a los inmigrantes a los que el 1 de septiembre se les retirará la tarjeta sanitaria.

Por todas estas razones, los socialistas estudian 'cuáles son las repercusiones sobre el ordenamiento jurídico español' de este decreto y se mantienen 'a la espera' de lo que decida la Junta de Andalucía para decidir si lo recurren ante el Constitucional.