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Rajoy fracasa en su intento de acordar con el PSOE el déficit cero

La Ley de Estabilidad Presupuestaria se aprueba definitivamente en el Senado con los votos a favor de PP, CiU, UPN y Foro. Montoro prevé que entre en vigor el 1 de mayo

IÑIGO ADURIZ

Ni siquiera el futuro de las administraciones públicas españolas es capaz de generar un consenso entre los dos principales partidos políticos del país. El Gobierno ha visto esta tarde validada en el Senado y de forma definitiva su Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero el Ejecutivo no ha conseguido llegar a un acuerdo con el PSOE para que la normativa saliera adelante con consenso. 

El empeño del Gabinete que preside Mariano Rajoy por establecer un objetivo de déficit cero para 2020 no ha permitido ese acuerdo. Y es que  los socialistas aseguran que los conservadores vulneran con su determinación el acuerdo adoptado por ambos grupos el pasado mes de agosto cuando establecieron como objetivo de déficit de las administraciones en el 0,4%.

La última fase de la tramitación en el Senado no ha servido para acercar posiciones y la ley ha salido adelante con los votos del PP, de CiU, de UPN y de Foro. En concreto, por 155 votos a favor, 59 en contra y cinco abstenciones. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya advirtió tras la aprobación de la normativa en el Congreso, de que no cambiaría nada en la fase de la Cámara Alta.

Hoy ha sido el propio ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, el que ha defendido su proposición de ley en el pleno del Senado que se ha desarrollado a lo largo de casi cuatro horas, y en el que ha repetido los principales argumentos que lleva defendiendo en las últimas semanas.

El objetivo de la ley no es otro que 'restaurar la confianza' de los mercados internacionales en España y, por eso, Montoro ha insistido en la necesidad de aplicarla de forma inmediata. Según ha dicho, la idea es que entre en vigor a partir del próximo 1 de mayo. Será a partir de esa fecha cuando el Ejecutivo podrá intervenir las cuentas de otras administraciones. 

La normativa supone 'una reforma estructural del Estado de las autonomías', ha dicho Montoro. A partir de ahora, todas las administraciones públicas deberán ajustar sus presupuestos al objetivo de déficit que establece la ley, tal y como contempla la Constitución tras la reforma que consensuaron PP y PSOE el verano pasado. La ley también establece una reducción de la deuda pública al 60% en 2020 y amplía el plazo para reducir el endeudamiento de las comunidades de ocho a veinte años. Además, las administraciones incumplidoras con el déficit deberán constituir un depósito retribuido del 0,2 % de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que sigan sin cumplir. 

Por segunda vez en el mismo día el ministro volvía a advertir en el Senado de que el Gobierno 'no dudará en aplicar la ley a aquellas administraciones que no estén encarriladas a la consecución del objetivo de estabilidad'. Volvía abrir la puerta así, a la posibilidad de intervenir a aquellas comunidades autónomas que se endeuden más de lo previsto. 

Según Montoro, lo que está en juego es 'el país, el proyecto de España en Europa y el euro'. 'Es una ley para aplicarla ya, para que esté en vigor el 1 de mayo', ha insistido, porque es la norma capital que, según la lectura optimista del Ejecutivo, supone 'la llave de acceso a los mercados', ya que garantizará que retorne la confianza en la economía española. Porque, ha añadido, 'no cabe el desorden en las cuentas públicas, ni el desequilibrio financiero'.

La izquierda ha criticado la obsesión del Ejecutivo por los recortes, y ha insistido en que estos no son la única solución para salir de la crisis. El senador de ICV -integrado en el grupo de la Entesa- Jordi Guillot, que presentó una enmienda de devolución junto a su compañero de partido Joan Saura, ha explicado que 'nadie discute que hay que reducir el déficit y devolver lo adeudado', pero ha añadido que 'es necesario que haya estímulos económicos que relancen la economía' porque el crecimiento económico es 'la única garantía' de que se podrá pagar la deuda. En total se presentaron 99 enmiendas a la ley del Gobierno y todas fueron rechazadas por la mayoría absoluta y casi aplastante que ostenta el PP en la Cámara Alta. 

El senador del PSOE Juan María Vázquez, cuyo grupo votó en contra, ha reprochado al PP que no haya tenido 'ninguna' voluntad de acuerdo para pactar y le ha recordado que con políticas de ajuste no se sale de la crisis. 'Confunden las reglas de déficit con una regla de gasto y se empeñan en un déficit cero y no un déficit de 0,4 % del PIB que permitiría más flexibilidad', ha dicho.

Desde CiU, en cambio, el senador Ferran Bel, ha apelado a la 'responsabilidad' para dar su respaldo a la nueva legislación en materia presupuestaria que, ha dicho, ha sido motivada por el 'déficit público del Estado español'. El PNV se ha abstenido al igual que Coalición Canaria, al entender que no es su competencia pronunciarse en materias fiscales, habida cuenta de que los territorios a los que representa tienen su propio régimen foral, y también por el pacto alcanzado en el Congreso con el PP. Además del PSOE han votado en contra los senadores de la Entesa pel Progrés de Catalunya y el único representante de Amaiur.

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