'Primero, los de Bilbao. Por un sistema justo de adjudicación de vivienda pública'. Este era el mensaje de un folleto distribuido por el PP de Bilbao y firmado por su líder, Cristina Ruiz. SOS Racismo - Bizkaiko Sos ArrazakerIA ha presentado hoy ante la Fiscalía un escrito en el que solicita que se estudie si el contenido del folleto puede ser constitutivo de delito.

En el panfleto se afirma que hasta ahora se ha discriminado a la población de Bilbao en al acceso a la vivienda para favorecer al colectivo inmigrante. Por eso, el PP ha pedido al Ayuntamiento aumentar de 2 a 5 años el tiempo de empadronamiento necesario para poder optar a la vivienda pública. SOS Racismo considera que es una información falsa y que 'puede inscribirse en un supuesto delito de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia, como recoge el artículo 510 del Código Penal', explica en un comunicado. La ONG también pide al Ayuntamiento de Bilbao que estudie presentar querella por las afirmaciones vertidas.

El PP defiende que la denuncia 'no tiene fundamento jurídico' SOS Racismo ha realizado denuncias penales en otras comunidades autónomas, como Catalunya, ante la 'deriva xenófoba de algunos partidos políticos'. 'Entendemos que el código penal tiene que cumplir una función de contención cuando se pierde la vergüenza política. El compromiso de todos los partidos es fundamental porque los discursos estereotipados se cuelan con facilidad y se aprovecha el discurso extremista del otro para hacer bueno el que justifica alguna exclusión o el meramente utilitarista', manifiesta la organización.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Cristina Ruiz, ha lamentado hoy que SOS Racismo 'haya prejuzgado sin haber leído' las medidas que su grupo plasmó en un folleto sobre la adjudicación de las viviendas municipales de Bilbao, informa Efe. Ruiz ha explicado que el PP proponía dar prioridad a personas que han sido desahuciadas por impago de hipotecas, a los divorciados que se queden sin vivienda habitual y, en general, que la adjudicación de esas viviendas sea 'más justa' entre los 9.000 demandantes de los 4.000 pisos del consistorio. Por ello, ha opinado que la denuncia de SOS Racismo está 'fuera de lugar y no tiene fundamento jurídico'.