Segundo contraataque de Francisco Álvarez-Cascos en menos de 24 horas. Ayer su Ejecutivo se aprestó a responder al Gobierno de Mariano Rajoy en cuanto este anunció que estudiaba intervenir las cuentas de Asturias por su parálisis política. Dijo ver 'fines políticos' en la actuación del Ministerio de Hacienda. Hoy domingo redobla su presión y queja contra Madrid. Ha lanzado un comunicado aún más duro [leer aquí] en el que advierte de que llevará al Gabinete de Rajoy a los tribunales. Ni más ni menos.

En concreto, el Gobierno de Cascos ha anunciado que reclamará al Estado por los perjuicios económicos que el anuncio de la posible intervención de las cuentas regionales puede tener en la financiación de la deuda del Principado a corto y largo plazo. En la larga nota de prensa, en la que califica el comportamiento del Ejecutivo de Rajoy de 'desleal, irrespetuoso, antijurídico y contrario a la lealtad institucional', el Gabinete del Principado se ha mostrado convencido de que la amenaza de intervención trasladada ayer por el Ministerio de Hacienda generará un 'importante descrédito, caída inmediata del rating y encarecimiento de la financiación'.

El Gobierno regional califica el anuncio de 'desleal e irrespetuoso', además de 'falso'

Para el Ejecutivo regional, esas serán algunas de las consecuencias de lo que considera una 'falsa noticia' sobre los incumplimientos de Asturias en materia de estabilidad que deja al Principado y a los asturianos 'desacreditados ante la comunidad financiera nacional e internacional'. De hecho, ha destacado que el Gobierno no ha rechazado el Plan Económico Financiero (PEF) que Cascos trasladó hace unos días al Ministerio y que éste no ha hecho llegar ningún reparo ni ha pedido tampoco documentación adicional alguna. Es más, ha recordado que el pasado marzo el Ministerio autorizó a Asturias a endeudarse en cerca de 325 millones de euros, 'lo que es reflejo de la estabilidad financiera de la comunidad'.

Tras detallar que la situación de Asturias es mejor que la de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Cataluña, Andalucía o País Valencià, el Ejecutivo que preside en funciones Cascos ha asegurado que el comunicado hecho ayer por el Ministerio de Hacienda 'no tiene precedentes en la historia de España' por la gravedad de su contenido y por estar basado 'en meras elucubraciones acerca del futuro político'. Para el Gobierno de Asturias, el Ministerio debió dirigirse antes al Principado para pedir aclaraciones y 'nunca debió aparecer amenazando a una comunidad autónoma con la tutela de sus cuentas y menos, aún, sin especificar los motivos'.

Su manera de actuar sólo se entiende, según el Gobierno del Principado, si el Gobierno central persigue 'fines políticos ajenos a la estabilidad presupuestaria' y un 'evidente intento de interferir en el proceso de elección del presidente del Principado'. Que el Gobierno se encuentre en funciones tampoco supone que no haya Gobierno, sino que éste tiene limitadas sus funciones a la realización de actuaciones de gestión administrativa ordinaria, según el comunicado, en el que se aclara que el que salga elegido en la sesión de investidura que arranca el 22 de mayo podrá también modificar el PEF y las medidas de contención del gasto que estime oportunas.

Cascos denuncia que el Gabinete de Rajoy actúa en función de sus intereses 

Para el Ejecutivo asturiano queda claro, por lo tanto, que el interés de tutela manifestado desde el Ministerio de Hacienda no es 'presupuestario o financiero, sino político, en un intento de tutelar el procedimiento de elección del presidente 'en la forma que más beneficie a los intereses del Gobierno por afinidades políticas o de amistad', lo que supone una ingerencia [sic] intolerable'. Dicho de otro modo, que Rajoy amenaza con la intervención para arrimar el ascua a su molino, para intentar que prospere la posibilidad de un Gobierno de centro derecha. Y su candidata, Mercedes Fernández, aún no ha dicho que ha renunciado a sus ambiciones de convertirse en presidenta. 

El Principado ha dado traslado ya de las manifestaciones realizadas hasta la fecha por el Ministerio de Hacienda a sus servicios jurídicos para que estudien la impugnación de cualquier medida que se pueda llevar a cabo, así como para formular las reclamaciones, por vía de responsabilidad patrimonial, por los perjuicios que las mismas ocasionen.