Esta vez debería ser la vencida. Tras tantos y tantos años hablando de la necesidad de reformar el Senado, tras tantas discusiones bizantinas sobre cómo deberían hacerse las obras en la Cámara alta, por fin los partidos se han puesto hoy manos a la obra. No es ni mucho menos la primera vez, porque hace 16 años, en 1996, y también con un recién estrenado Gobierno del PP, los trabajos comenzaron... y fracasaron. 

Pero que no cunda (por ahora) el mal fario.

Esto es sólo el inicio: esta tarde se constituyó la ponencia encargada de, literalmente –según reza su denominación oficial– 'reforzar las funciones del Senado', que todos los grupos apalabraron en febrero. Ya el rótulo de la ponencia orienta el cariz del debate: se discutirá, sobre todo, de aquello en lo que existe un consenso más aquilatado: convertir el Senado en Cámara de primera lectura en las leyes de contenido autonómico y las relativas a la organización y financiación de los ayuntamientos. 

El plazo teórico que los grupos fijaron para aprobar un informe es de un año

Pero de momento nadie quiere poner puertas al campo. Tampoco el presidente del Senado, Pío García-Escudero, que se ha integrado en la comisión como cuota del PP pero con la intención también expresa de ejercer de palanca, de impulso de los trabajos. Lo que se acordó hoy, de hecho, es el calendario y la regla de actuación, no de los límites del debate. Ahora, se ultimará la recogida de documentación relativa a la reforma de la Cámara, desde las discusiones de 1996 hasta el informe del Consejo de Estado de 2006 que encargó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. En 15 días habrá una nueva reunión y se fijarán posibles comparecencias de expertos –profesores de Derecho Constitucional o Derecho Administrativo–. Después, los grupos presentarían sus propuestas y comenzaría la búsqueda de la posición común. El plazo teórico marcado por la moción aprobada en febrero es de un año. O sea, hasta el final del primer periodo de sesiones de 2013. Sin embargo, ni siquiera esa fecha es un tope. 'Acabamos de empezar', resolvía risueño García-Escudero a la pregunta de los periodistas

'Yo espero que la cosa salga bien', apostaba convencido el presidente, argumentando que todos los grupos entienden que 'el bicameralismo es necesario', que nadie quiere echarlo abajo. El optimismo era compartido por otros portavoces. Caso del socialista Joan Lerma, senador desde 1995. 'Siempre se empieza con ánimos. Ya entonces, en 1996, también el Gobierno hablaba de la necesidad de reformar el Senado, y se pensaba que el acuerdo suscrito en 1994 [el que alumbró la creación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas] era un buen embrión para el consenso. Y no fue así [los trabajos se empantanaron en 1998]. Pero hoy la situación es más inaplazable que entonces, y hay que demostrar que tiene su utilidad en la coordinación de los temas territoriales', señalaba a Público. 

La esperanza también recalaba en la Entesa pel Progrés de Catalunya (PSC e ICV-EUiA). Fuentes del grupo aplauden la 'buena disposición del PP' y confían en que pueda llegar el consenso, pero desde luego no renunciarán a la reforma constitucional. Ese puede ser un punto de disenso, igual que está probado que generará fricciones el debate del sistema de elección de senadores, aspecto ya conflictivo hace 16 años. Los conservadores, con el método actual, parten con ventaja, ya que feudos suyos como Castilla y León sientan a 39 parlamentarios, mientras que otra comunidad más poblada como Madrid dispone en total de 11 escaños.

Aparte del calendario, los grupos pactaron otra regla de oro: la 'discreción'. 'Estos trabajos son de ida y muchas veces de vuelta. Avanzas y hay veces que tienes que reconsiderar, que tienes que volver. Por tanto, no son trabajos de inmediatez, sino de todo un proceso', justificó García-Escudero. 'No se trata de ocultismo –abundaba Lerma–, sino de la voluntad de llegar a acuerdos, no de castigarnos'. 

Por ahora, todo buenos propósitos... Y una composición cerrada, ya que integran la ponencia nueve senadores. Por el PP, García-Escudero, el portavoz parlamentario y su número dos, Xosé Manuel Barreiro y Antolín Sanz. Por el PSOE, Lerma y el expresident balear Francesc Antich. De los minoritarios, Eva Parera (CiU), Carles Martí (Entesa, del PSC), Iñaki Anasagasti (PNV) y Miguel Zerolo (Mixto, de Coalición Canaria).  Habrá que esperar a los resultados. A esas reuniones quincenales –se convocarán en las semanas en las que no haya pleno–, a los avances y retrocesos, a las sugerencias de los expertos. Mucho camino por recorrer y un objetivo, la siempre anhelada reforma del Senado, todavía muy lejano. 

1994. Eran las postrimerías del Gobierno socialista de Felipe González. La reforma del Reglamento del Senado aprobada el 11 de enero de 1994 tuvo como principal fruto la creación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el foro de diálogo que reúne a senadores, miembros de gobiernos autonómicos y representantes del Ejecutivo central.  La última cita vistosa fue el 24 de mayo de 2010. Allí acudió el entonces president catalán José Montilla, para pedir el desbloqueo del Tribunal Constitucional, entonces enfrascado en la resolución del Estatut. En aquella reforma también se acordó celebrar anualmente un debate del estado de las autonomías, en el seno de la comisión. Poco éxito tuvo la iniciativa, por el método largo y tedioso: sólo se celebraron en 1994, 1997 y 2005. 

1996.  El 10 de junio, el entonces ministro de Administraciones Públicas de José María Aznar, Mariano Rajoy, prometió que el Gobierno haría 'todo' lo que estuviera 'en sus manos' para procurar el acuerdo. Los trabajos comenzaron en la casa y se frustraron a los dos años por la pretensión de los nacionalistas, según el PP, de que la Constitución recogiese los hechos diferenciales de Catalunya o Euskadi.

2005.  Todos los grupos (incluido el PP) apoyaron el uso de las lenguas cooficiales en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Desde entonces, se utilizó sin problemas.

2011. El 18 de enero entra en vigor la última gran modificación del Reglamento. Se empieza a usar el catalán (y valenciano), el gallego y el euskera en los debates de las mociones en pleno de la Cámara, no sin fuertes ataques del PP. El sistema se mantiene intacto tras la victoria de Rajoy en las generales del 20 de noviembre. Los conservadores aparcan esa guerra.