El culebrón asturiano parece llegar a su fin. Si nada se tuerce, el socialista Javier Fernández podrá gobernar Asturias con el apoyo de IU y de UPyD. Todavía no hay un pacto firmado del PSOE con la formación de Rosa Díez, pero fuentes de ambos partidos han confirmado a Público este miércoles que las negociaciones 'están avanzando bien' y que se espera 'cerrar todos los flecos esta misma tarde'. Desde IU confiesan tener la misma sensación, que el acuerdo ya está muy cerca. El principal obstáculo hasta ahora había sido la reforma de la Ley Electoral, una demanda histórica de la federación de izquierdas y que ha sido la bandera irrenunciable esgrimida por UPyD. 

De confirmarse la noticia, adelantada hoy por Efe, Fernández sumaría a los 17 escaños de su partido los cinco de Izquierda Unida y el voto decisivo de Ignacio Prendes, de UPyD. 23 diputados frente a los 22 del bloque de la derecha (PP y Foro), que en todo este tiempo ni siquiera ha conseguido cerrar un pacto. 

El debate de investidura está programado para el 22 de mayo, casi dos meses después de las elecciones autonómicas convocadas de forma anticipada por el presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos. El proceso se ha alargado, primero, por la indefinición de UPyD y también por el galimatías judicial. Foro impugnó el escrutinio validado por la Junta Electoral Provincial y la Junta Electoral Central. El Tribunal Superior de Justicia del Principado dio la razón a Cascos y obligó a constituir el Parlamento regional con un diputado menos (o sea, con 44). PSOE e IU recurrieron entonces esa sentencia y el pasado viernes el Tribunal Constitucional dejó las cosas como estaban: adjudicó el escaño en liza a los socialistas , por lo que las fuerzas de derecha y de izquierda volvieron a empatar con 22 actas. 

La situación política, no obstante, se complicó más aún esta última semana. El Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, amenazó con intervenir las cuentas de Asturias por su parálisis política. Cascos automáticamente se despachó a gusto con el Gobierno de Mariano Rajoy, acusándole de introducir incertidumbres, actuar con 'deslealtad' y tratar de 'interferir' en la elección del próximo presidente regional .